Tras analizar el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo español que declara nula e ilegal la recalificación que permitía la urbanización de las 19 hectáreas de los sectores de Muriola y San Telmo, Txipio Bai presentó ayer una iniciativa para la preservación de ese espacio natural. En ese plan se insta a las diferentes administraciones implicadas a proteger Barrikabaso y a la dimisión de los cargos públicos involucrados en este caso, a quienes les piden que asuman responsabilidades económicas.

De cara a resolver la problemática de los catorce chalés de lujo edificados en Muriola, apuestan por que sean declarados fuera de ordenación, lo que conllevaría que no se derribasen. Esta solución, explicaron desde la asociación, posibilitaría a sus dueños el mantenimiento de la propiedad, su hipotética transmisión y la ejecución de obras de mantenimiento.

Sí reivindican la demolición y retirada de toda la urbanización existente alrededor de las viviendas unifamiliares, dentro de una restauración medioambiental de Muriola y San Telmo.

De cara a la protección definitiva de todo Barrikabaso, instan al Ayuntamiento a la paralización administrativa del avance de Plan General -en periodo de información pública hasta el 30 de setiembre- y que solicite a la Dirección de Costas la ampliación de la zona de servidumbre costera de 100 a 200 metros.

A la Diputación, la asociación naturalista le pide que incluya la zona en el Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano, conforme a las sentencias del TSJPV y TS, algo que ahora no sucede, ya que califica el suelo como urbanizable residencial. Además, a Lakua le demandan que lo recoja en el Plan Territorial Sectorial del Litoral para su correcta protección.

Tras subrayar que su objetivo es «salvaguardar el futuro ambiental y paisajístico de Barrikabaso», los representantes de Txipio Bai advirtieron de que su propuesta -que salva los 14 chalés de lujo existentes- se mantendrá siempre que las administraciones reconsideren su proceder. Conscientes de los «poderosos intereses económicos privados» que hay tras esta operación, aclararon que, de frustrarse este plan, defenderán ante los tribunales la ilegalidad de las licencias de construcción y solicitarán el derribo de todo lo edificado y la recuperación medioambiental del entorno.

Política de hechos consumados

La advertencia de la asociación naturalista parte de la constatación de que los responsables municipales, conscientes de que el TS iba a fallar en su contra, impulsan ahora un Plan General que incumple las anteriores sentencias del TSJPV, ratificadas por el Supremo. En su avance, explicaron, el Consistorio vuelve a proponer una nueva reclasificación en Muriola que «legalizaría» los 14 chalés y contemplaría otros 20 más.

En una parcela contigua a Muriola y protegida también, añadieron, se plantea edificar 96 viviendas no previstas en otros proyectos, repartidas en seis bloques de 16 pisos cada uno. «Como los nombres Muriola y Barrikabaso evocan las sentencias de los tribunales, integran los dos sectores en uno más amplio y lo denominan Harrobia, con una estimación total de 130 viviendas», denunciaron.

«El Ayuntamiento no sólo trata de `legalizar' viviendas construidas en suelo no urbanizable de especial protección paisajística, sino además construir más donde el Tribunal Supremo ha sentenciado que no se puede construir y reclasificar nuevos suelos de protección para seguir edificando», manifestaron desde Txipio Bai. Sus portavoces estiman que «estos datos públicos evidencian, una vez más, el total desprecio del Ayuntamiento de Barrika hacia la Ley y la protección del medio ambiente».

A partir de la sentencia, esperan que Barrika «deje de ser un ejemplo de destrucción por el que deba ondear una bandera de luto y constituya un ejemplo de que en un Estado de Derecho ningún señorito, ni ninguna administración al servicio de sus intereses se encuentra por encima de la Ley».