Encarcelan a la lizartzarra de 61 años sin recibir aún el auto condenatorio
Con 61 años, abuela de tres nietos, y sin que haya agredido a nadie, Kontsuelo Agirrebarrena se encuentra ya encarcelada en Martutene por protestar ante la Corporación ilegítima del PP en setiembre de 2007. Una corporación en la que sería concejal, si no fuera porque los tribunales españoles «ilegalizaron» la candidatura independentista. La Ertzaintza apresó a la lizartzarra argumentado que era para notificarle el auto de prisión, pero fue encarcelada en Martutene.
G. M.
Kontsuelo Agirrebarrena, la lizartzarra de 61 años que recientemente ha sido condenada por el Supremo español a cuatro años de prisión por llevar a cabo una protesta ante la Corporación ilegítima del PP en setiembre de 2007, se encuentra encarcelada desde el martes en la prisión donostiarra de Martutene. Sus convecinos y familiares han denunciado que ha sido enviada a prisión sin que aún haya recibido la pertinente notificación del auto condenatorio, por lo que se trataría de una irregularidad jurídica que el Juzgado de Donostia al parecer obvió.
Según informaron varios vecinos de Lizartza, la Policía autonómica se personó en el municipio guipuzcoano sobre las 8.30 del martes, pero hasta dos horas después no acudieron al domicilio de Agirrebarrena. La lizartzarra de 61 años fue conminada por la Ertzaintza a dirigirse junto a ellos al Juzgado para que firmara la notificación judicial por la que se le debía informar de que ha sido condenada a cuatro años de prisión y a una multa económica sólo porque, tal y como recoge la sentencia, gesticuló con la ikurriña y eso fue interpretado por la edil del PP y por su escolta como intento de agresión. Sólo por el hecho de que se trate de una concejal del PP, y aunque no le hubiera agredido, Agirrebarrena tendrá que cumplir una condena de 4 años de prisión.
De nuevo, policías por la tarde
Pero no fue trasladada al Juzgado de Tolosa, tal y como les informó la Ertzaintza a sus familiares. Kontsuelo Agirrebarrena fue enviada directamente a la base policial del barrio donostiarra del Antiguo. Mientras, los familiares acudían a Tolosa.
Y de la comisaría de la Policía autonómica, la lizartzarra fue trasladada a las dependencias judiciales de Donostia, donde ordenaron su ingreso en prisión en Martutene. Y todo ello a pesar de que todavía no haya firmado ni recibido la notificación judicial por la que se le informa de que debería ingresar en la cárcel en breve.
Una irregularidad jurídica que al parecer los policías querrían subsanar por la tarde, ya que en caso contrario no tendría ninguna finalidad que el martes por la tarde, en torno a las 19.30, dos ertzainas con vestimenta de paisano se personasen en Lizartza preguntando por Kontsuelo Agirrebarrena para que firmase la citada notificación judicial.
Cabe recordar que los policías que estuvieron presentes en la protesta contra la Corporación ilegítima del PP en setiembre de 2007 afirmaron que no agredió a nadie. Extremo que recoge la propia sentencia del Alto Tribunal español, pero defiende que «el que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como autoridad tiene propósito de atentar contra la misma».
El martes y ayer fueron más de 150 los vecinos que protestaron por su encarcelamiento.
El movimiento pro-amnistía censuró el encarcelamiento de Agirrebarrena y afirmó que es «la cara más salvaje de la estrategia represiva que está llevando a cabo el Gobierno español».
Aunque la sala del gobierno de la Audiencia Nacional española resolverá hoy si sanciona o no al juez Eloy Velasco por haber dejado en libertad bajo fianza a la ex presa política Maite Aranalde, ayer el presidente del tribunal especial, Angel Juanes, defendió la actuación del magistrado que ha cosechado todo tipo de críticas por su decisión, comenzando por el instructor Baltasar Garzón, al que Eloy Velasco sustuía la semana pasada.
Mientras que distintas asociaciones de la magistratura española criticaron ayer los «juicios precipitados» que, a su entender, se han realizado contra el juez Velasco, los sindicatos policiales cargaron directamente contra la Audiencia Nacional española y sus jueces.
Quien volvió ayer a salir ante los medios fue el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para sugerir que «probablemenete está escondida en el País Vasco». Preguntado por si las FSE tenían bajo control a Maite Aranalde, el ministro insistió en que la Policía actúa «en el marco de la ley». Rubalcaba no podría confirmar ese extremo, ya que el propio juez Eloy Velasco sólo ordenó contra Aranalde la retirada del pasaporte y le vetó la posibilidad de abandonar el Estado español. No obstante, los vecinos de Ibarra han informado de que el control y seguimiento policial, así como mediático, ha sido permantente. GARA
