La Cámara de Representantes colombiana aprobó a última hora del martes (madrugada de ayer en Euskal Herria) el referéndum que permitiría la reelección del presidente Álvaro Uribe, que podría presentarse a un tercer mandato en las elecciones de 2010.

Tras casi 15 horas de debate, la propuesta salió adelante con 85 votos a favor, sólo uno más de los requeridos por la ley para este tipo de proyectos, y cinco sufragios en contra, según informaciones de medios locales. Los parlamentarios del Polo Democrático Alternativo (PDA) y del Partido Liberal se abstuvieron de votar.

Corte Constitucional

Tras recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, la Ley de referendo queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá emitir un dictamen antes de 90 días.

Si la Ley supera este control, la Registraduría Nacional (ente responsable de la organización electoral) deberá preparar la logística para hacer efectivo el referéndum al pueblo colombiano. El enunciado de la consulta planteará que «quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro periodo».

Pero a Uribe no le basta con sacar adelante la consulta, necesita además que acudan a votar al menos siete millones y medio de colombianos de un total de 30 millones de electores.

La iniciativa de Uribe recibió luz verde por parte de la Cámara, después de que se escucharan las alegaciones de los representantes y decidir qué congresistas estaban habilitados para votar y cuáles no, debido a las investigaciones que la justicia colombiana sigue a muchos de ellos por recibir prebendas por parte del Gobierno.

Denuncias de ilegalidad

Los debates del referendo estuvieron precedidos por las denuncias de los principales partidos de la oposición -Liberal y PDA, que se abstuvieron en la votación-, que mantuvieron que Uribe está realizando maniobras ilegales para mantenerse en el poder.

El mandatario colombiano ya había conseguido en 2006 que el Congreso modificara la Constitución para presentarse a la reelección para un segundo periodo consecutivo, en una votación que, según medios locales, es aún objeto investigación judicial después de que una congresista declarara haber recibido compensaciones a cambio de apoyarla.

Pese a las críticas recibidas, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, agradeció el trabajo de los legisladores y dijo que «ahora es el propio pueblo colombiano el que decide».

Esta iniciativa, que pasó sin apenas hacer ruido, vuelve a poner de manifiesto el doble rasero de quienes levantaron sus voces contra las reformas consti- tucionales impulsadas por los gobiernos de Ecuador, Bolivia o Venezuela para fijar la posibilidad de la reelección presidencial (entre otros cargos públicos), que en el caso de Vene- zuela es indefinida.