En un somero repaso de los acontecimientos de los últimos meses, el movimiento pro-amnistía constata que el incremento de la represión no cesa, que ésta cada vez se extiende más allá de la izquierda abertzale y que la estrategia del Gobierno español también aumenta en la intensidad de sus acometidas. Y considera que la apuesta de Madrid para «aniquilar» a la izquierda abertzale, complementada a la vez por los gobiernos del PSE de Gasteiz y de UPN en Nafarroa, responde a su intención de «cerrar» el conflicto político mediante la represión.

Los representantes del movimiento pro-amnistía Oihana Agirre y Roberto Martínez del Campo comparecieron ayer en Donostia junto a varios ciudadanos que en estos últimos meses han padecido «la estrategia represiva» en carne propia. Allí estaban desde los familiares del desaparecido militante donostiarra Jon Anza hasta los del fallecido teniente de alcalde de Villabona Remi Ayestaran, así como el secuestrado y torturado Alain Berastegi, familiares de presos políticos vascos que han sufrido cargas, el edil independentista de Berriozar Fermin Irigoien o vecinos de Ibarra. Todos simbolizaron con su presencia la «salvaje» realidad represiva instalada en Euskal Herria.

Recordaron cómo Jon Anza lleva cinco meses desaparecido en lo que, a su juicio, se trata de un caso de «guerra sucia del siglo XXI». Citaron los secuestros y torturas de ex presos y refugiados, con los casos de Alain Berastegi, Lander Fernández y Juan Mari Mujika. Censuraron el aumento de las amenazas fascistas, con agresiones a monolitos de víctimas del franquismo, a las lápidas de víctimas del «terrorismo de Estado» como Jo- xean Lasa y Joxi Zabala, o a bares y sedes abertzales.

También enmarcaron en la arremetida represiva del PSOE la muerte del edil de Villabona Remi Ayestaran o la impunidad con la que la Ertzaintza ha realizado brutales cargas durante el verano en distintos pueblos y ciudades.

Establecer los derechos básicos

En ese conjunto de vulneraciones de derechos, que el movimiento pro-amnistía entiende como la imposición de un «estado de excepción», recordaron que la mayor embestida represiva y mediática ha recaído sobre las muestras de solidaridad con los represaliados políticos vascos. Consideran que la «obsesión» de los gobernantes de Madrid, Gasteiz e Iruñea por las fotografías de los presos políticos responde a su apuesta por vaciar la esencia política del conflicto e instalar en el país la idea de «la victoria policial».

No obstante, subrayaron el fracaso de esa estrategia, ya que cada uno de los cerca de ochocientos presos políticos vascos refleja la raíz política del conflicto. Recalcaron además que, por ese mismo motivo, «nun- ca, jamás, dejaremos de apo- yar a los represaliados políticos vascos».

El movimiento pro-amnistía considera que con el empleo de la represión pretenden cerrar las puertas a las condiciones políticas construidas en los últimos años para llevar a cabo un cambio político y democrático en Euskal Herria, así como negar una solución dialogada y democráticas sobre el conflicto político que padece el país.

Ante este estado de las cosas, emplazaron a los agentes políticos, sindicales y sociales a unir fuerzas para superar esta situación y establecer los derechos democráticos y fundamentales en Euskal Herria. Y al mismo tiempo, llamaron a los ciudadanos a seguir respondiendo en la calle contra estas agresiones.