El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea dio ayer la razón a la Comisión Europea, que en 2001 anuló las «vacacibes fiscales», y desestimó los recursos contra esa decisión presentados por las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la patronal Confebask.

Los jueces europeos fallaron que las «vacaciones fiscales» -exenciones temporales del Impuesto sobre Sociedades y otras ventajas en el pago de ese tributo- constituyen ayudas de Estado prohibidas en el Tratado de la UE.

Se trataba, en concreto, de una exención del Impuesto sobre Sociedades durante los primeros diez años de vida de la empresa, créditos fiscales a la inversión del 45% y reducciones en la base imponible de ese tributo durante cinco años.

Las primeras medidas fueron aprobadas en 1993 y, ante las denuncias e investigaciones abiertas en Bruselas, fueron progresivamente canceladas, hasta desaparecer totalmente en 2000. A ellas se acogieron unas trescientas empresas, aunque el importe total de las ayudas concedidas no está claro.

El Tribunal ha rechazado que la exención del Impuesto de Sociedades se dirigiera a la creación de empleo sino que lo considera un apoyo al funcionamiento de las empresas; afirma que las reducciones de la base imponible distorsionan la competencia y sólo beneficiaban a grandes empresas y rechaza que las diputaciones pudieran acogerse a excepciones para escapar a la normativa comunitaria, debido al elevado PIB regional. También descarta que, como argumentan las diputaciones para no recuperar el dinero, fuera una ayuda existente y recuerda que la Comisión nunca la autorizó. Tras esta decisión, las diputaciones de Araba y Bizkaia insistieron ayer en que los fondos ya han sido devueltos, por lo que la sentencia no tendría consecuencias para las empresas beneficiarias. Sus servicios técnicos y jurídicos analizarán la posibilidad de presentar un recurso, para lo cual tienen dos meses de plazo.

En el caso de Bizkaia, 21 empresas se beneficiaron de 96 millones de euros más 38,5 millones de euros de intereses de demora. Según la Diputación vizcaina, fueron 97 las empresas vizcaínas que solicitaron acogerse a las ayudas fiscales, pero que a 54 no se aplicaron los beneficios y que a otras 22 se le aplicaron las ayudas «dentro de los límites autorizados por el Derecho Comunitario». Por su parte, la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, aseguró que las diputaciones forales contarán «siempre» con el apoyo del Ejecutivo autonómico en la defensa del Concierto.

Reacciones

El portavoz del PNV en el Parlamento de Lakua, Joseba Egibar, afirmó que su partido acata la sentencia pero «eso no obsta para que sigamos defendiendo la singularidad del Concierto Económico».

El PSE vio en el fallo una «mala noticia» y pidió que las diputaciones pacten las medidas fiscales a partir de ahora con la Unión Europea.

Para el PP, la decisión del Tribunal supone «un aviso para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que en la década de los 90». Confebask mostró su decepción y también estudiará un posible recurso.

En cambio, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de La Rioja, que han promovido varias denuncias ante Luxemburgo contra la fiscalidad de la CAV, mostraron su satisfacción por la decisión judicial.

Las diputaciones de la CAV, el Gobierno de Lakua y la delegación del Gobierno español estimaron que esta sentencia no afecta al sistema fiscal que emana del Concierto Económico, una interpretación que no compartieron Aralar, EA y EB.