Un acto tipificado como «terrorismo» por la Ertzaintza ha concluido con la reclamación de 150 euros contra cada uno de los veinte imputados por una falta de «desobediencia leve». La Policía autonómica envió el caso a la Audiencia Nacional española al considerar que las 21 personas -entre ellos varios periodistas- que fueron identificadas en una protesta contra el TAV realizada en Zaratamo habían cometido un acto de «terrorismo».

Los hechos se remontan al 28 de agosto de 2008 cuando unas quince personas efectuaron una sentada pacífica para paralizar las obras iniciadas en la localidad vizcaina mientras otro grupo desplegaba una pancarta contra esta infraestructura.

Según se conoció hace unos meses, en estas fechas el entonces jefe del área de Seguridad Ciudadana, Gervasio Gabirondo Fernández, distribuyó una circular interna entre los ertzainas para que catalogaran como «terrorismo» los actos contra el TAV y ordenaba que enviaran las denuncias a Madrid.

Sin embargo, el tribunal especial decidió inhibirse al entender que no era de su competencia y remitió el caso a la Audiencia Provincial de Bizkaia, donde fue considerado como un juicio de faltas. En la vista celebrada ayer, la Fiscalía rebajó la acusación a una falta por «desobediencia leve» y reclamó una multa de 150 euros para veinte de los imputados. Además, pidió la absolución de uno de los encausados, que explicó que se limitó a grabar la protesta para una revista ecologista.

La defensa, por su parte, exigió la libre absolución de todos los procesados y denunció que no puede considerarse como falta por desobediencia a los agentes, ya que todos se identificaron cuando les pidieron la documentación. Uno de los policías autonómicos que acudió como testigo corroboró esta versión y explicó que los imputados no se resistieron en ningún momento.

Asimismo, la empresa, que en su momento reclamó una indemnización de 5.000 euros a los imputados por paralizar los trabajos, retiró la acusación y no se personó en la vista.

Actuación «mafiosa»

Antes del juicio se celebró una concentración ante el juzgado en solidaridad con los procesados, en la que denunciaron que «los que deberían estar en calidad de imputados ante un juzgado son los promotores del TAV». La presencia de la Ertzaintza en la zona fue notoria desde primera hora de la mañana.

Desde la Asamblea contra el TAV criticaron la actitud «mafiosa y delictiva de los promotores y de la Administración para reprimir y criminalizar a quien sobre el TAV pregunta, habla, oye o ve».

Dijeron también «que se quiere imponer desde el oscurantismo» y pusieron como ejemplo que en el tramo entre Galdakao y Basauri no ha sido presentado, a pesar de ser obligatorio, «un informe medioambiental sobre movimientos y tratamientos de agua de periodo mensual por parte de las empresas adjudicatarias ante la Oficina de Cuencas Cantábricas occidentales, que brilla por su ausencia».

Añadieron que la «única respuesta» a quien ha solicitado esos informes a la Administración pública, «ha sido un mensaje de voz en el contestador del teléfono que dejó el funcionario encargado de este procedimiento diciendo que las obras no habían empezado» cuando había pasado ya un año desde su inicio. Por este motivo, exigieron de nuevo «la inmediata paralización de las obras».