La popularidad del Gobierno pasa pos sus horas más bajas. Más aún desde el batacazo electoral del pasado julio, en el que el Partido Revolucionario Institucional arrasó en el Senado, desbancando al derechista Partido de Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Calderón, y al izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática). Dichos resultados no hicieron sino empeorar la crisis en la que se encuentra sumido el Ejecutivo Federal.

Esa situación obligó a Calderón a realizar diversos cambios estratégicos para tratar de buscar nuevos aliados políticos, a fin de recuperar la popularidad y facilitar la gobernabilidad del país durante los tres años que le restan de mandato.

Así, una de las cabezas que rodó fue la de Eduardo Medina Mora, quien se encontraba a la cabeza de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General) y que hasta el momento había sido una pieza clave en la infructuosa lucha contra el tráfico de drogas que el Estado libra desde el año 2006.

Esta destitución -algunos medios dicen que fue una dimisión- llegó justo cuando la PGR goza de pésimos índices de credibilidad, tras descubrirse que muchos de sus funcionarios trabajaban a sueldo de los diferentes cárteles del narcotráfico.

No es para menos, las cifras hablan por sí solas: una media de 20 muertes por día, más de 5.000 ejecuciones en lo que va de año, que suman ya unas 13.600 desde la declaración de «guerra», 573 servidores públicos de instituciones de seguridad y justicia detenidos por presunta colaboración con el tráfico de estupefacientes...

Nuevo nombramiento

«Con aciertos y errores, como en todo quehacer humano, mi norma de conducta ha sido siempre la ley, la honestidad y la justicia», afirmó Medina Mora, instantes antes de que Calderón presentara a su controvertido sustituto, Arturo Chávez Chávez.

Esta destitución y el consiguiente nombramiento de un sustituto fueron, sin lugar a dudas, un necesario intento de replantear una infructuosa estrategia de guerra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se felicitó por el relevo de Medina Mora, debido a que su papel frente a la PGR fue «lamentable», al negarle la información a dicho organismo y rechazar sus recomendaciones.

Sin embargo, el efecto de la sustitución fue totalmente contrario al esperado. El elegido por el panista Felipe Calderón para ocupar la Fiscalía General del país centroamericano, Arturo Chávez Chávez -vinculado al PAN-, ha desatado grandes tormentas en México.

Repasemos su historial. Este abogado, del que Calderón resaltó su «amplia experiencia en la procuración de justicia, y específicamente en el combate del crimen organizado», fue fiscal en el Estado de Chihuahua entre los años 1993 y 1998. Mientras estuvo en el cargo, se multiplicaron las matanzas en serie contra mujeres en la tristemente conocida Ciudad Juárez. Malú García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, destacó de Chávez su negligencia, sus amenazas a las víctimas y su actitud misógina. «Este es un golpe a la lucha de de las mujeres», señaló Marisela Ortiz, miembro del mismo colectivo.

Perlas como «las matan y las violan por prostitutas» o la recomendación a las madres juarenses para que no dejaran a sus hijas salir con minifalda a la calle como solución del problema le costaron una amonestación del CNDH. Además, han servido de fuerte argumento para diferentes ONG y asociaciones pro derechos humanos -que anunciaron movilizaciones- para apelar al sentido común y pedir al Senado que evite el «error» de ratificar a Chávez, trámite necesario para su designación.

A debate en el Senado

Casualmente, el Senado mexicano tenía previsto debatir ayer si ratificaba a Arturo Chávez Chávez en el cargo. Previamente, se habían apreciado varios indicios de rechazo.

Hasta ayer, sólo la retrógrada derecha del PAN había anunciado que apoyará su nombramiento, tras haberse reunido con él durante esta semana. En ese encuentro, el abogado aseguró a los senadores panistas que tiene argumentos suficientes para refutar los señalamientos negativos por su actuación.

Por su parte, el PRD y el Partido del Trabajo (PT) manifestaron su rechazo a la ratificación, mientras el PRI acordó no darle su aval hasta analizar la trayectoria del letrado.