Ramón SOLA

En Nafarroa no son pocos los que aprecian paralelismos claros -en criterios políticos y en actitudes personales- entre el actual líder del PSN, Roberto Jiménez, y quien ocupara ese cargo desde 1982 hasta 1994, Gabriel Urralburu. El inicio de curso les da la razón, porque Jiménez está cerrando con UPN un pacto que tiene dos patas: por un lado, un acuerdo presentado como «anti-ETA» pero que en realidad trata de arrinconar las reivindicaciones políticas de la izquierda abertzale; y por otro, una Ley de Ayuda a las Víctimas de ETA que va más allá que todas las aprobadas hasta la fecha en diferentes instituciones y que excluirá a víctimas de otras violencias.

La primera propuesta aún no ha tomado forma definitiva; la Ley de Víctimas sí, ya que ha entrado en el registro del Parlamento con todos los parabienes de UPN, de modo que el texto puede considerarse ya como cerrado a falta de algún retoque técnico durante la tramitación. La mayor novedad respecto a otras legislaciones similares estriba en que el PSN de Jiménez quiere aprovechar esta ley para imponer a los centros educativos determinados materiales ideológicos. La proposición de ley estipula además que «la negativa de los centros de Educación Secundaria que reciben financiación del Gobierno de Navarra a difundirlos acarreará la pérdida de las subvenciones». Como se aprecia, la amenaza afecta tanto a centros públicos como a privados concertados.

La iniciativa es idéntica a la que patentó Urralburu en otro inicio de curso político: el de 1988. Al calor de un atentado de ETA que costó la vida a dos guardias civiles en Lizarra, el entonces líder del PSN -luego condenado por corrupción multimillonaria durante su gobierno- anunció una serie de campañas dedicadas a alumnos de EGB y BUP. Lo hizo con este discurso: «Educar para la paz es educar para la libertad, y contiene la imposibilidad material de que se realicen campañas de manipulación de los jóvenes y de los niños por parte de quienes quieren introducir, con su misticismo y su mesianismo, falsas ideas».

La actual proposición de ley del PSN se centra en los centros de Educación Secundaria Obligatoria. El Departamento de Educación elaborará un programa una vez al año, «con la duración que se estime conveniente, donde se recojan y reflejen los valores de la convivencia pacífica y democrática frente al terrorismo y se conciencie a los jóvenes del valor de la palabra como medio y forma de defender democráticamente sus ideas». La novedad del plan de Jiménez respecto al de Urralburu estriba en la amenaza de la pérdida de subvenciones.

Urralburu: «Insultarles si hace falta»

Como hizo su antecesor Gabriel Urralburu, en esta misma ofensiva Roberto Jiménez ha incluido la idea de tejer un «pacto anti-ETA» que esté abierto al refrendo de la ciudadanía. Esta idea también la formuló por primera vez en Nafarroa el entonces presidente del Gobierno y la completó con un llamamiento que sigue grabado en la memoria de muchos ciudadanos navarros y de toda Euskal Herria. Fue el 29 de agosto de 1988 en Lizarra, en una visita a la casa-cuartel que había sido atacada ocho días antes. Allí, Ga- briel Urralburu pidió «a la gente» que «en la calle, increpe, insulte si hace falta, a quienes colaboran con el terrorismo, porque es ahí donde HB va a sufrir el dolor de verdad de verse rechazado en la calle. Los dirigentes de HB tienen que sufrir la contradicción de ser copartícipes del terror, y que lo sufran porque la gente se lo haga evidente en la calle».

Aquella apelación al enfrentamiento suscitó inmediatos desmarques desde todo el arco político -incluido el PP- y no volvió a ser explicitada de modo tan claro ni siquiera durante el «a por ellos» que sucedió a la muerte de Miguel Angel Blanco, nueve años más tarde. Jiménez también ha eludido utilizar palabras tan gruesas, pero sí está dispuesto a copiar la iniciativa concreta que Urralburu tomó tras aquel pronunciamiento: reclamar a la ciudadanía que hace suyo el pacto entre los partidos.

La filtración de esta propuesta ha hecho que el PSN se apresure a precisar que todavía no hay nada cerrado. Sin embargo, los partidos que dirigen Yolanda Barcina y Roberto Jiménez ya han acordado detalles como que las adhesiones sean recabadas en los ayuntamientos.

La iniciativa de Urralburu para implicar a la sociedad acabó en fracaso, tanto cuantitativo como cualitativo. El documento del Pacto de 1988 fue firmado por organizaciones empresariales, instituciones y colectivos cercanos a UPN y PSN, pero la cuestión de los apoyos individuales se quedó en el limbo. Cien días después se aseguró oficialmente que se habían recogido ya más de 80.000 firmas, pero nadie las vio jamás. La llamada Comisión por la Paz argumentó luego que un ciudadano había mostrado su temor de que la Administración pudiera confeccionar un listado con todas esas personas y tenerlo en cuenta en el futuro y que, en consecuencia, las firmas se destruyeron en una trituradora de papel. Sobra decir que quien quiso se lo creyó, y quien quiso no.

El documento que se sometería al dictamen ciudadano se presentará como un texto contra ETA, pero según el borrador publicado por ``Diario de Navarra'' en realidad va mucho más allá. Se trata de un decálogo en el que se aboga por cuestiones como «aislar, utilizando todos los instrumentos legales que resulten válidos para ello, tanto a los terroristas como a los que amparan, justifican o apoyan de cualquier modo el terrorismo en cualquiera de sus formas», siguiendo experimentos como el realizado este verano en torno al chupinazo de Berriozar, cuyo derecho se intentó arrebatar a la representación legítima de la izquierda abertzale.

Se propone también «no pactar en las instituciones ni apoyarse en ellos para sacar adelante iniciativas», lo que en la práctica provocaría por ejemplo que ninguna iniciativa de la oposición del Ayuntamiento de Iruñea llegue nunca a salir adelante, pese a la situación de minoría aritmética de UPN. El documento contempla igualmente «rechazar cualquier tipo de interlocución y negociación política con la banda terrorista ETA o con quienes les apoyan, amparan o justifican, formando parte del entramado terrorista». Y, como último punto, expresa el respaldo al Gobierno español, pero sólo «en todas aquellas iniciativas y acciones que tengan por finalidad erradicar la lacra terrorista». Como se aprecia, el texto consagra toda la línea de acción del PP y UPN, y ata las manos al PSN.

Nafarroa Bai e IUN se lo piensan

Queda por ver la posición que adoptarán los otros dos grupos parlamentarios. Por el momento, tanto Nafarroa Bai como IUN ya han evidenciado su incomodidad por tener que posicionarse ante dos iniciativas que llegan con todo el aire a favor mediático y político. IUN ya se ha reunido con el PSN y estudia sumarse pese a las duras descalificaciones lanzadas por Sanz en su primera comparecencia de este curso o a los reproches sufridos por no facilitar una moción de censura contra Nafarroa Bai en Berriozar tras la artificial y esperpéntica polémica del cohete.

NaBai se entrevistará esta semana con el PSN, que está ejerciendo de facto como emisario de UPN en esta ronda. La coalición ve claro que el pacto tiene como objetivo maniatarle políticamente, pero algunas de sus formaciones parecen dispuestas a entrar en un juego de negociación: así, Aralar ha propuesto que se incluya el reciente dictamen de Amnistía Internacional sobre el régimen de detención. Respecto a la Ley de Víctimas, NaBai se basará en pedir que se incluya también a quienes padecen otras violencias.