La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha desestimado el recurso presentado por los promotores de la ampliación de un polígono industrial en Izurtza contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que desestimó el 14 de marzo de 2008 la aprobación provisional de su Plan Parcial. Los magistrados atienden las razones esgrimidas desde el Consistorio para rechazar esta operación urbanística, al estimar que no puede prosperar sin ser sometida a evaluación de impacto ambiental.

En rueda de prensa, responsables del Ayuntamiento explicaron ayer que este plan fue aprobado por la anterior Corpora- ción -en la que el PNV tenía mayoría- el 2 de mayo de 2007, es decir, «20 días antes de las elecciones municipales que cambiaron el equipo de gobierno, algo que no es casualidad ya que se quería blindar los intereses económicos de los propietarios de los suelos afectados y que a su vez eran los promotores del desarrollo industrial».

La operación pretendía pasar de reordenar -según un proyecto de 2003- los 54.000 metros cuadrados que ocupan varias empresas, especialmente Fosroc y Sidepalsa, a ampliar el polígono a 90.800 metros cuadrados, ocupando suelo rural y la propia ribera del río. En 2005, la plataforma Untzillaitz ya se posicionó en contra de la operación, reclamando un informe de sostenibilidad. Se incidía en que el tráfico de vehículos pesados en la BI-623, que atraviesa Izurtza, se cuadruplicaría respecto a los aforos actuales.

Proceso participación

A raíz del acceso de la izquierda abertzale a la Alcaldía, con la contratación de otro arquitecto asesor municipal y el inicio de un proceso de participación ciudadana dentro de la agenda local 21, el nuevo equipo de gobierno apreció carencias en la tramitación del plan, como la ausencia de una valoración de impactos. «El futuro de Izurtza se vería abocado a ser prácticamente la carretera de acceso a un macro polígono industrial. No hay que olvidar que, adyacente a éste que está en cuestión, Mañaria prevé otro polígono, al igual que otro desarrollo industrial al otro lado de la BI-623», apostillaron.

A partir de este análisis, los responsables municipales, según detallaron ayer, convocaron una reunión con los propietarios de los terrenos, grupos políticos y técnicos para tratar de buscar una salida consensuada al conflicto. Los impulsores de la operación urbanística rechazaron el emplazamiento, al igual que los ediles jeltzales, y el asunto terminó en el TSJPV.

Tras la lectura de la sentencia, el Ayuntamiento considera que el tribunal le da «la razón sin fisuras» y jurídicamente «pone en solfa la legislación autonómica obsoleta en materia de evaluación ambiental de planes y programas». La resolución ha sido recurrida ante el Supremo español por los propietarios, lo que, remarcaron, acarreará más gastos al Consistorio y dedicación de los técnicos. Ante este panorama, desde la izquierda abertzale instaron al PNV a que «deje de ser el defensor político de estos particulares y sus intereses económicos.

Entre las prioridades del equipo de gobierno, avanzaron, estará la legalización de las empresas que están asentadas en el municipio para «lograr un equilibrio entre la industria y el medio natural, anteponiendo el interés general del pueblo ante los intereses particulares». Es decir, buscarán garantizar la convivencia «armónica» entre población y empleo.