El nivel de exterminio, durante y después de la guerra, contra la población civil, tanto en el Estado como en Donostia, nos sorprende con cifras de auténtico genocidio, del que no se ha tomado conciencia por nuestra parte hasta la fecha. Conocíamos casos individuales, pero no la magnitud de la tragedia, cuantía que en Donostia se ha podido concretar tras un trabajo ímprobo, minucioso e impagable realizado por Iñaki Egaña, puesto que las instituciones siguen mirando para otro lado.

El Estado español sigue siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos, detrás de la Camboya de Pol-Pot. Tiene más desaparecidos que toda Hispanoamérica. Nada menos que 340.000 (150.000 desaparecidos y 190.000 fusilados con juicio farsa o sin él), sin contar los 30.000 niños desaparecidos.

Donostia, nuestra ciudad, sigue teniendo 385 donostiarras asesinados que va siendo hora de que los saquemos del «armario», y representan en 1,13% de la población civil que no evacuó la ciudad a la entrada de los franquistas.

Es increíble que a estas alturas sean las familias de los desaparecidos las que busquen a los que el Estado hizo desaparecer. En cualquier lugar del mundo está reconocido que es el Estado quien está obligado a hacerlo.

Y es que estamos viviendo en una anormalidad jurídica permanente, y por eso exigimos que las familias sean tratadas con la consideración que se merecen, se persiga penalmente a los asesinos de sus seres queridos, si fuera posible. Es preciso concienciar a la ciudadanía de que seguimos viviendo en la anormalidad jurídica, y que a quien hay que copiar es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no a Franco, como se ha hecho con la Ley de la Memoria Histórica, porque esta Ley enmascara los crímenes del franquismo contra la humanidad.

Pero es que, además, no se puede tolerar por más tiempo tanta insensibilidad e indignidad. El 90% de los asesinados eran donostiarras que no evacuaron la ciudad y cuyo único delito para los franquistas era el no haberse sumado a ellos. Eran personas de diferentes ideologías, civiles no combatientes considerados entonces -como ahora se diría- «de los entornos contaminados», suficiente para ser fusilados. Ni Hitler, ni Mussolini, Pinochet, Videla, etc. consiguieron nombrar su sucesor, pero Franco sí, encontrándonos con una anormalidad banalizada que llaman estado de derecho, y cuyo símbolo, nuevamente impuesto en el Ayuntamiento, supone una ofensa a la memoria y la dignidad de los asesinados y sus familiares.

Que no nos confundan, no se pide que les devuelvan la dignidad, porque nunca la perdieron, fueron sus asesinos los que la perdieron y no la recuperaron.

Las víctimas de Hitler y Mussolini fueron honradas y reconocidas como luchadores antifascistas, y los responsables juzgados. Y aquí, sin embargo, nos encontramos con víctimas en las fosas clandestinas realizadas por los verdugos, con familiares pidiendo su devolución.

No es correcto encomendar a los propios familiares octogenarios el desentierro de sus seres queridos asesinados, puesto que debe ser el Estado quien debe respetar los derechos humanos y el Derecho internacional.

Setenta años después, resulta indigno y bochornoso que sean las máquinas de las empresas constructoras las que destapen casualmente los cuerpos de fusilados y desaparecidos. ¿Para cuándo un mapa de fosas? ¿Cómo es posible que el Gobierno español se niegue a pagar los trabajos de recuperación de los familiares asesinados? ¿Por qué no facilitan la información privilegiada de que disponen los verdugos y sus familiares?

En el caso de los desaparecidos de Yugoslavia, las autoridades serbias actuales (después de Milosevic) han sido condenadas en el asunto de las fosas de Srebrenica «por no emprender una investigación oficial efectiva e independiente de cada fosa y no revelar el paradero a sus seres queridos, incurriendo así en trato inhumano y violación del derecho a la vida familiar».

El franquismo sociológico sigue estando presente. Si a los desaparecidos y fusilados añadimos el exilio forzado, la persecución y represión sostenida contra la población civil durante 40 años de dictadura que modelaron un país a su antojo desde la más absoluta impunidad, hará falta tiempo y constancia para borrar su huella.

La transición hacia un modelo democrático se sigue resistiendo, la ruptura que no se realizó no puede homologar la actual situación de cientos de fosas clandestinas, la persistencia de la requisa de bienes y la falta de indemnizaciones a los trabajadores forzados.

La reciente actividad organizada por elementos de ideología fascista que viene atacando todo tipo de monolitos, placas y recordatorios de las víctimas del franquismo nos recuerda tiempos pretéritos que creíamos superados y que sólo resultaban posibles con la connivencia de los poderes públicos.

Nuestro compromiso debe consistir en trabajar por la recuperación de los valores democráticos que Franco nos arrebató con el concurso de Hitler y Mussolini, pero sobre todo debemos mostrarnos orgullosos de todos aquellos que en circunstancias dramáticas y casi todo en contra se enfrentaron al fascismo dejando atrás a sus propias familias y seres queridos, a los cuales ahora les siguen negando sus derechos.

No pudimos hacer antes nada por ellos, pero sí podemos defender a sus familias para que el Estado respete sus derechos.

A partir de ahí, poco importa el trabajo que tengamos por delante. Ellos se enfrentaron a algo infinitamente peor por todos nosotros, y el Derecho está de nuestra parte, aunque no lo esté en nuestro propio país por la transición inconclusa que impide que todos los proyectos políticos puedan realizarse y los derechos individuales y colectivos sean respetados.