El ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, uno de los tres imputados en el «caso Gürtel» que permanece en prisión, comentó con su abogado que existen gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido en Galicia entre 1996 y 1999.

Así se expresa Crespo en una de las conversaciones que mantuvo en prisión, que fueron intervenidas policialmente por mandato judicial, y que se recogen en la parte del sumario cuyo secreto se ha levantado y a la que ha tenido acceso la agencia Efe.

En esa conversación mantenida en febrero, Crespo le dice a su letrado que tenía toda la información económica de los cuatro años en los que fue secretario de organización del PP de Galicia en una caja de seguridad en Pontevedra, y que entre 1996 y 1999 había documentos con las cuentas del partido y una relación de ingresos y gastos «sin especificar quién ingresaba».

«Esto va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario», añade Crespo, a lo que su abogado, José Antonio López Rubial, responde que si es un problema de financiación irregular puede conducir a «un delito electoral».

En esa misma conversación, Crespo ordena a su abogado la ejecución de fondos en Suiza, sin especificar detalles de la operación, aunque le advierte de que «hay que hacerlo con calma porque una cosas desproporcionada salta las alarmas de allí».

En otro momento, el abogado asegura que si el caso llega al Tribunal Superior de Justicia de Galicia «hay un magistrado que nos ayuda» y le explica que se han elegido abogados que «se mueven bien en la Audiencia Nacional».

Crespo mantuvo también con su esposa desde la cárcel de Soto del Real varias conversaciones, en una de las cuales el ex dirigente del PP advierte a su esposa que tiene intervenidas todas sus llamadas, tras lo que ésta le informa que mantiene comunicaciones con el broker estadounidense Randall Lew Carusso a través del teléfono móvil del novio de su hija.

«Adjudicaciones amañadas»

Asimismo, el diario «El País» informó ayer de que la trama Gürtel llega también a Castilla y León. Un nuevo informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del Parlamento autonómico y ex consejero de Fomento, en «una adjudicación amañada para construir un tramo de una variante con reparto de comisiones ilegales», según este diario.