Hay noticias o, mejor dicho, hechos a los que desgraciadamente nuestros oídos se han acostumbrado a base de escucharlos casi a diario. Los recibimos casi con naturalidad, como si ya fueran algo fijo en las páginas de los periódicos o tuvieran un apartado propio entre los titulares de los telediarios. Pero su carácter reiterativo no merma ni un ápice el drama que encierran ni la tragedia que suponen no sólo para las víctimas directas, sino para el conjunto de la sociedad.

En un mismo día y con un con un escaso intervalo, dos mujeres morían a manos de sus parejas. En esta ocasión, los escenarios han sido Tarragona y Alicante. Con ellas, ya son 45 las muertas en lo que va de año en el Estado español. El dato es tan alarmante como que el 11,5% de las 26 mujeres fallecidas en los primeros seis meses del año renunciaron a la orden de alejamiento y un 7,7% incluso respondió a las llamadas de su agresor o se fue de vacaciones con él, según datos del delegado del Gobierno español para la Violencia de Género.

Me pregunto si realmente se investigan los motivos que han llevado a esa mujer a relajar su protección y a acercarse de algún modo al agresor. No me vale como respuesta que es mayor de edad y que en contra de su voluntad no se pueden tomar medidas, porque las señales de alerta están ahí y son visibles. Ocurre algo similar con aquellas personas que sufriendo algún tipo de trastorno siquiátrico requieren de ayuda urgente pese a que no la quieran. Los trámites a los que la familia se enfrenta para poder darle asistencia y evitar males mayores se asemejan a una carrera de obstáculos.

Es realmente importante analizar en profundidad, sin cortapisas ni tabúes, las causas por las que muchas de las víctimas no denuncian, retiran la demanda o vuelven a convivir con el agresor y el perfil de éstos. De lo contrario, estas muertes seguirán siendo fríos titulares olvidados en un par de días. Ante esa voz de alarma, por tanto, se debería actuar con más rapidez y facilitando el camino a los afectados.