El preso Paco Larrañaga, de madre filipina y padre vasco, llegaba ayer por la noche al Estado español tras coger en Manila, Filipinas, el avión que le trasladara a Madrid. Larrañaga cumplirá así en el Estado español el resto de condena interpuesta por Filipinas tras ser acusado en 1997 por el secuestro, violación y asesinato de dos jóvenes.

El traslado de Larrañaga es, sin embargo, el resultado de múltiples trámites y acuerdos entre ambos gobiernos. Concretamente, en 2007 el Gobierno español y el filipino firmaron el Tratado de Traslado de Personas Condenadas, gracias al cual Larrañaga ha podido abandonar el país asiático.

Tras ser condenado a cadena perpetua hace ahora diez años, cinco años más tarde el Tribunal Supremo de Filipinas elevó la condena a la pena capital, por lo que el preso fue confinado en el «corredor de la muerte». Ante esta situación, la propia familia de Larrañaga acudió al Gobierno de Zapatero para solicitar ayuda al presidente.

A raíz de la abolición de la pena capital en 2006 en el país asiático, la condena fue conmutada por cadena perpetua, equivalente a 40 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El condenado, que ha defendido siempre su inocencia, ha reclamado en más de una ocasión un juicio oral para defenderse «devidamente» aunque, a pesar de las peticiones, el Supremo desestimó las dos mociones que presentó hace cinco años.

Con el paso del tiempo cada vez más organismos e instituciones internacionales han reclamado la revisión del caso, incluso el Parlamento Europeo, quién también llevó a cabo, en 2005, su particular petición a Filipinas en la revisión del proceso. Simultáneamente el presidente del Estado español Jose Luis Rodriguez Zapatero, solicitó mediante una carta a la presindenta filipina Gloria Macapagal que intercediera para que el Supremo revisase el caso de Paco Larrañaga.

La abolición de la pena de muerte en Filipinas, unos meses más tarde, hizo que Larrañaga abandonase automáticamente el «corredor de la muerte» y el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que el condenado no tuvo un juicio justo.

Con el tratado firmado por el Estado español y Filipinas en 2007 comenzaron los trámites para la extradición del preso.

Tras aterrizar en Barajas, Larrañaga iba a ser enviado a la cárcel de Soto del Real, aunque la familia del preso ha anunciado que «hará lo posible» por llevarlo a la prisión de Martutene.