Los jueces de la Corte Constitucional dieron un respiro al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aplazando el dictamen sobre la constitucionalidad de la ley «Lodo Alfano», en alusión al apellido del ministro de Justicia que la diseñó. En pocas palabras, otorga inmunidad judicial al presidente de la República, cargo que ocupa Giorgio Napolitano, al primer ministro, al presidente del Senado, Renato Schifani, y al de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini.

La elaboración de esta ley fue una de las primeras iniciativas del Gobierno del líder conservador cuando se hizo con su tercer mandato el año pasado. Como resultado, se vieron frenados los procedimientos legales contra Berlusconi, incluido un juicio por presuntamente sobornar con 580.000 euros al abogado británico David Mills para que diera un falso testimonio que protegiera sus negocios. Los hechos se remontan a 1997. En febrero de este año, Mills fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de corrupción.

El mandatario italiano también tiene pendientes otros dos procesos. Uno por «fraude fiscal y contabilidad falsa» por la adquisición de derechos televisivos de la cadena de propiedad familiar Mediaset y otro por intentar corromper a senadores de la oposición.

Los fiscales apelaron al Tribunal Constitucional, argumentando que dicha norma sacada de la manga viola los principios de la Constitución italiana, incluido el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

En la audiencia de ayer, los tres abogados de Berlusconi y también parlamentarios Niccolò Ghedini, Gaetano Pecorella y Piero Longo dijeron que «la ley es igual para todos, pero no siempre lo es su aplicación». Es más, alegaron que Berlusconi está «por encima» del resto de ciudadanos por su cargo de primer ministro. «Dado el difícil sistema geopolítico en el que vivimos, para él sería imposible desarrollar a la vez su trabajo y tutelar su derecho a defenderse como imputado».

Hace unas semanas, el abogado del Estado, Glauco Nori, que representa a la presidencia del Gobierno, defendió el «Lodo Alfano». «Seguramente es un daño jurídico, pero un daño menor para el Estado si se compara con en el que se produciría si el primer ministro fuera procesado mientras ejerce como tal». Aún así, negó que con estas declaraciones quisiera influir en los quince jueces que componen la Corte. Ayer denegaron la intervención de la Fiscalía de Milán, que justamente reclama el levantamiento de la inmunidad. El abogado de la Fiscalía, Alessandro Pace, abandonó la sala con cierto pesimismo: «Lo veo mal. Creo que el Tribunal legitimará esta ley ad personam».

Si finalmente derogan la inmunidad, le debilitaría más en un momento en el que su popularidad se ha visto dañada por escándalos sexuales. Un Berlusconi desafiante aseguró el lunes que agotará su mandato.