La querella en venganza por el txupinazo de Berriozar contra los ediles de la izquierda abertzale fue preparada por la Policía Foral tras anunciar a mediados de setiembre el portavoz del Gobierno navarro, Alberto Catalán, que habían enviado un informe policial a la Audiencia Nacional española por el acto de inicio de las fiestas. Así se confirmó ayer, cuando tres concejales tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional por ello.

El lanzamiento del cohete había estado precedido por una tormenta mediática y política destinada a tratar de arrebatar a la izquierda abertzale el derecho a lanzar el cohete. Al final fue el kiliki negro de la comparsa local quien prendió la mecha abrazado al concejal Fermín Irigoien.

Este hecho tampoco gustó a formaciones como UPN, PSN e CDN, que boicotearon el lanzamiento del txupinazo, y la semana pasada se conoció que la Fiscalía había presentado una querella, justamente contra tres ediles de la izquierda abertzale.

Por ello, fueron citados a declarar ayer en Madrid acusados de «enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas», pese a que sólo se les imputaba haber participado en un acto contra la dispersión.

La comparecencia en el tribunal especial fue breve y pasó desapercibida para los mismos medios y partidos que organizaron una importante escandalera en torno al caso. La Fiscalía se limitó a preguntar a los imputados si habían organizado una campaña para «enaltecer» a ETA en las fiestas, por qué exhibieron la banderola exigiendo la repatriación y si participaron en un acto por los presos.

Los tres ediles negaron haber organizado ninguna campaña y explicaron que mostraron la enseña para denunciar la dispersión y solidarizarse con sus víctimas. En cuanto a la moviliza- ción, reconocieron haber acudido y conocieron que la Policía Foral había enviado una grabación de la movilización.

Asimismo, tuvieron conocimiento de que en la documentación enviada por este cuerpo policial a la Audiencia Nacional también han sido identificadas una veintena de personas por participar en la citada concentración.

Silencio político y mediático

La comparecencia de los tres concejales de Berriozar en la Audiencia Nacional no fue valorado por ninguna formación política y ni siquiera las agencias informaron de ello. El silencio de ayer contrastó con el polémico inicio de las fiestas del pueblo navarro. UPN, PSN y CDN iniciaron una campaña en verano al conocer que este año le correspondía a la izquierda abertzale lanzar el cohete.

Estas formaciones presentaron una moción para que el alcalde no permitiera iniciar las fiestas a los independentistas y, al final, éstos acordaron con NaBai que el txupinazo fuera lanzado por colectivos populares.

En declaraciones a GARA tras comparecer ante el tribunal especial, Irigoien comentó que la querella «no tiene demasiado fundamento», pero anticipó que su alcance dependerá de hasta donde llegue del interés mediático y político que se genere a su alrededor.

Irigoien está imputado por tocar el txistu en el aurresku en honor de los presos que se realizó en una concentración. La Fiscalía añade que en ese acto se dio lectura a una carta escrita por un prisionero vasco desde la cárcel. A los otros dos ediles, Ezequiel Martínez e Izaskun Cebrián, les acusa de «enaltecimiento» por mostrar una banderola con el lema «Euskal preso eta iheslariak etxera» cuando el kiliki negro prendió fuego al cohete que dio inicio a las fiestas. También dice que Martínez participó en una ofrenda floral realizada a los familiares de presos.

Los tres imputados regresaron hacia Euskal Herria sin ninguna medida cautelar en su contra, ya que la pena máxima que podrían recibir no supera los dos años de prisión.

En la querella la Fiscalía solicitó también la declaración como testigos del alcalde de NaBai, Xabi Lasa, y de un representante de la sociedad cultural Zulo Alai.

Por otro lado, ayer se conoció que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una querella de Dignidad y Justicia e investigará a la asociación Irrintzi Kultur Elkartea, situada en la calle Ronda de Bilbo, por mostrar fotos de presos.