El debate sobre la tortura regresó ayer al Parlamento de Gasteiz, pero con una novedad: ya ni siquiera existe allí una mayoría en favor de declaraciones retóricas contra su práctica. Ello hizo que decayera una propuesta conjunta de PNV, Aralar, EA y EB para instar a las Cortes españolas a promover una reforma legal que suprima la incomunicación. Y se tradujo además en que PSE y PP endurecieran su discurso en esta materia y defendieran abiertamente esta práctica como un método necesario para enfrentarse a ETA.

José Antonio Pastor, su portavoz parlamentario, se encargó de argumentar esta cuestión por parte del PSE. Lo hizo en tono despreciativo en algunos momentos, por ejemplo al asegurar que «este debate está más que terminado, y no sólo en esta ocasión sino en las tres ocasiones anteriores». Entre sus argumentos incluyó éste: «No queremos dar ninguna alegría a quienes no creen en la democracia». Y en otro punto del debate, el representante del PSE llegó a decir que el sistema español «es el más garantista de Europa» en este ámbito, es decir, justo lo contrario de lo que acaba de sentenciar Amnistía Internacional (AI) o de lo que opinó el lunes en el campus que la UPV tiene en Leioa el Relator de la ONU Martin Scheinin.

Entrando en la cuestión central, Pastor negó la mayor para asegurar que el sistema actual ya tiene garantías para los detenidos. Y pese a que todas las instancias internacionales (ONU, Comité Europeo, Amnistía Internacional...) subrayen que la única garantía para la erradicación de la tortura es la supresión de la incomunicación, Pastor aseguró que ésta «tiene ga- rantías». Reprochó luego que «a AI se le olvida decir que en ningún país de Europa existe una realidad como ETA. La incomunicación es un instrumento para acabar con eso».

Sus parlamentarios, ausentes

Como hizo Pastor, Carlos Urquijo (PP) acusó al resto de grupos de actuar con ingenuidad en este tema. Urquijo, en concreto, le dijo a Jesús Mari Larrazabal (EA): «Usted ha citado a [Igor] Portu y [Mattin] Sarasola, que son los responsables de los atentados de la T-4. ¿Cómo se va a detener a esas personas? Eso no se hace llamando a la puerta y diciendo ``buenos días, ¿me acompaña usted?''. La grandeza del Estado de Derecho es que hay más de quince agentes de la Guardia Civil procesados por ello», señaló en alusión a la denuncia de torturas -Portu fue hospitalizado- que se instruye en Donostia.

El que fuera delegado del Gobierno español en Gasteiz abundó también en que necesitan la incomunicación: «El único efecto que conseguiría esta reforma sería debilitar al Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo. Se pondría alguna dificultad más a los malos tratos, pero a un precio muy alto», añadió. Y para apuntalar su tesis, no dudó en apostillar que «si un policía quisiera hacer eso, lo podría hacer en otro ámbito».

Los parlamentarios de PSOE y PP, por cierto, se ausentaron en masa de este punto del debate, pese a que se abordó recién iniciada la sesión plenaria, a eso de las 10.00. Esta circunstancia fue reprochada por diferentes portavoces, incluido uno tan poco sospechoso como Gorka Maneiro, de UPyD.

La propuesta rechazada consistía en pedir a las Cortes españolas que se derogue el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo al régimen de incomunicación, y se proponga la instalación de cámaras de vídeo en las zonas de detención de las comisarías. PNV, Aralar, EB y EA argumentaron sobre todo que el Estado español ha sido señalado con el dedo por este tema por instancias internacionales de mucho peso.