Acaso enredado en sus propias falacias, el parlamentario Carlos Urquijo (PP) afirmó ayer en la Cámara de Gasteiz, sobre el arresto de Igor Portu y Mattin Sarasola, que «no se detiene a estas personas llamando a la puerta y diciendo: `Buenos días, ¿me acompaña usted?'. La grandeza del Estado de Derecho es que hay más de quince agentes de la Guardia Civil procesados por ello». Urquijo quería escudarse en la tesis oficial de que sus lesiones fueron producto del momento de la detención, pero ese ambiguo «ello» en realidad es otra cosa llamada tortura. Es esto, y no otra cosa, lo que investiga el Juzgado.

En estos parámetros se desarrolló ayer la sesión parlamentaria en la que PP y PSE unieron sus votos para rechazar una propuesta de PNV, Aralar, EA y EB contra la incomunicación a los detenidos, y convirtieron el debate en una lección de maquiavelismo político para sostener que absolutamente todo sirve a la hora de enfrentarse a ETA. «No queremos dar ninguna alegría a quienes no creen en la democracia», aseguró José Antonio Pastor (PSE), quien llegó a afirmar que el español es el Estado «más garantista de Europa».

Tanto Pastor como Urquijo olvidan o, peor aún, desprecian las recientes declaraciones del Relator Especial de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Martin Scheinin, reclamando la «completa erradicación del régimen de incomunicación» y poniendo en tela de juicio la extensiva interpretación que el Estado español hace del concepto «terrorismo». Como desprecian otra categórica afirmación, en este caso realizada por Amnistía Internacional: «Ningún otro país de la Unión Europea mantiene un régimen de detención con restricciones tan severas a los derechos de las personas detenidas». Con su prepotencia, PP y PSE se desnudan sin desvelo, en la falsa creencia de que la recién estrenada mayoría parlamentaria tapa la impudicia de su evidente desdén por todo aquello que no se ajusta a su espuria interpretación de la protección de los derechos humanos.