OFENSIVA CONTRA LA IZQUIERDA ABERTZALE
Otegi, Álvarez y Permach van al banquillo por el acto de Anoeta
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ha dictado la apertura de juicio oral contra Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez por el histórico acto celebrado en el Velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. Cinco años después, acusa a los dirigentes de la izquierda abertzale de haber cometido un delito de «enaltecimiento del terrorismo» en el acto de presentación de un método para la resolución del conflicto político en Euskal Herria.
Manex ALTUNA |
Los representantes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez serán juzgados en la Audiencia Nacional española por la presentación de su propuesta para la resolución del conflicto en el Velódromo de Anoeta.
El juez Eloy Velasco decidió reactivar el caso en octubre de 2008 tras varios años paralizado, y ahora ha ordenado la apertura de juicio oral. Acusa a los tres portavoces independentistas de un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por el acto celebrado el 14 noviembre de 2004.
Batasuna, que para esas fechas había sido ilegalizada por los tribunales españoles, consiguió llenar el recinto con miles de simpatizantes y militantes para dar a conocer una oferta para lograr un «escenario de paz, democracia y justicia».
Otegi presentó la iniciativa parafraseando el discurso realizado por el líder palestino Yasser Arafat ante la ONU y pidió con una rama de olivo en la mano «que no la dejen caer».
La formación independentista escenificó en aquel acto que su prioridad era acceder a un escenario democrático y que debía alcanzarse fruto de un proceso de diálogo entre todos.
Batasuna asumía el compromiso de que las diferencias se dirimieran de manera pacífica y democrática y marcó dos ámbitos de acuerdo. Uno, entre todos los agentes vascos para llegar al escenario que decidía la ciudadanía; y otro, entre ETA y los estados español y francés sobre la desmilitarización del conflicto, presos, refugiados y víctimas.
La propuesta de Anoeta provocó una gran expectación en todos los ámbitos y fue valorada como positiva por la mayoría de los agentes políticos, sociales y sindicales. La iniciativa fue clave para dar comienzo al proceso de negociaciones llevado a cabo posteriormente.
El PP fue la única formación que se posicionó en contra de la propuesta, antes incluso que fuera presentada. Y el parlamentario de esta formación en Gasteiz Santiago Abascal fue el primero en reclamar que el acto fuera prohibido. Ni las instancias judiciales españolas ni el Departamento de Interior de Gasteiz, sin embargo, aceptaron esa tesis.
El mitin se celebró sin ningún impedimento, aunque al día siguiente de realizarse la Fiscalía de Gipuzkoa abrió diligencias para esclarecer si se había cometido un delito de «enaltecimiento del terrorismo».
Reactivado en 2008
En febrero de 2006, Otegi, Permach y Álvarez fueron citados a declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de imputados. Tras años paralizado, el juez Velasco reabrió el caso en 2008. El juicio se celebrará en el Juzgado Central de lo Penal del tribunal especial, cuyo titular es el juez José María Vázquez Honrubia, ya que la petición de prisión no supera los cinco años.
La Fiscalía pide 18 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación para cada uno de los militantes independentistas, mientras el Foro de Ermua solicita cinco años de prisión y 20 de inhabilitación. Otegi es el único de los tres imputados que permanece en libertad. Permach y Álvarez están encarcelados desde el año 2007.
El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, aseguró ayer que ha reclamado a la Audiencia Nacional que le explique qué medidas adoptar en relación con las herriko tabernas que hay en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Según especificó, ha pedido a los jueces del tribunal especial que le indiquen «qué decisiones adoptar» sobre estos establecimientos hosteleros que permanecen abiertos. Ares instó a la Audiencia Nacional a que «nos trasladen órdenes claras de cierre de estos locales», ya que añadió que «estamos a la espera para actuar».
El representante del PSE se pronunció así en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz, en respuesta a una interpelación del parlamentario del PP Carlos Urquijo sobre la situación en la que se encuentran estos locales, ya que están intervenidos judicialmente desde hace unos años tras una operación ordenada por el juez Baltasar Garzón.
El consejero de Interior defendió que su departamento «ha cumplido todas las decisiones judiciales en relación con el cierre» de esos establecimientos ordenado por la Audiencia Nacional. Pero lamentó que «es verdad que muchas de ellas siguen abiertas porque en su momento se decidió que siguieran a través de un administrador judicial» y que, en otros casos, «no hubo una decisión de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo para cerrarlas».
En su opinión, existen «algunas decisiones contradictorias, en relación con algunos órganos judiciales, que complican la actuación en relación con el cierre de estos locales».
Ares afirmó que a día de hoy hay «al menos 47 herriko tabernas abiertas» en la CAV e insistió en que su departamento se encuentra «a la espera de actuar» cuando reciba «órdenes» de la Audiencia Nacional. Desde que Ares accedió al cargo de consejero de Interior de Lakua, la Ertzaintza ha entrado en numerosas herrikos para retirar fotografías de presos políticos vascos y, además, identificar e imputar a trabajadores de los locales. También ha tomado instantáneas para enviar informes a la Audiencia Nacional.
El titular de Interior concluyó sus explicaciones expresando su deseo de que «los tribunales nos trasladen órdenes claras de cierre de estos locales», ya que según su tesis «todo apunta a que pueden estar dando soporte a actividades de organizaciones ilegalizadas, aunque en algunos de ellos la Justicia ha decidido que sigan funcionando como locales de hostelería». Asimismo, se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los locales sigan abiertos.
El parlamentario del PP Carlos Urquijo se mostró satisfecho con las explicaciones de Ares y ofreció su respaldo para el cierre de los establecimientos hosteleros que están abiertos. «Se hace preciso el cierre inmediato de estos locales; son centros logísticos de ETA», manifestó el ex delegado del Gobierno de Aznar, mientras lamentaba la «impunidad» que, en su opinión, habrían tenido estos bares en los últimos años.
