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Una farsa dirigida y orquestada desde la más absoluta irresponsabilidad

La Policía española detenía ayer por la tarde, una vez más, a destacados dirigentes y militantes independentistas de este país: Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Mañel Serra, Txelui Moreno y Amaia Esnal. Una vez más, un Gobierno español irresponsable y absolutamente falto de miras ordena detener a dirigentes políticos a quienes únicamente podría acusar de una cosa: trabajar políticamente para tratar de solucionar el conflicto. Una vez más, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba han contado con la inestimable colaboración de varios medios y periodistas que en sus últimas entregas dominicales se han dedicado poco menos que a anunciar una operación de este tipo. En estos últimos meses, el Estado, con todos los medios a su alcance, ha tratado de poner en primer plano una serie de farsas y mentiras, destinadas, según se puede comprobar ahora, a construir una pista de aterrizaje para una operación de este calado. Rubalcaba, es obvio, ha llevado la voz cantante en esa estrategia, y medios como «El País» han reforzado esa gran farsa que, en resumen, buscaba extender y asentar en la opinión pública española -y probablemente en la europea que mira con interés y preocupación hacia Euskal Herria- la idea de que «ETA ha tomado el control absoluto sobre la izquierda abertzale» y que «ha perdido la confianza en sus dirigentes y les ha cortado la iniciativa política que tenían prevista impulsar para este otoño», tal y como el medio mencionado escribía el pasado domingo. Poco importa que el mensaje dictado por Madrid esté plagado de desinformación y que, en el fondo e incluso en la forma, se contradiga a sí mismo. Otro ejemplo de ello podía observarse ayer mismo en la redacción de la noticia por parte de varios medios y agencias españolas, cuando apuntaban que los detenidos «habían mantenido reuniones en los últimos meses en relación a la propuesta política anunciada por Otegi y que la izquierda abertzale pretendía usar para volver a las instituciones presuntamente por medio de un distanciamiento de la violencia explícito». El lector notará, sin duda, que en el mismo párrafo incluyen los términos «propuesta política» e incluso «distanciamiento de la violencia explícito», lo cual daría pie a cualquier observador europeo a llevarse las manos a la cabeza -como así sucede, en realidad- al confirmar que en el Estado español se sigue deteniendo a políticos por hablar, según afirmaban ayer las citadas agencias y medios españoles, de tales cuestiones.

Contradicciones flagrantes

Es obvio que la ausencia de razón nunca ha detenido al Estado español, y que éste ha contado siempre con buenos adláteres también en Euskal Herria para tratar de diluir sin pudor deseos notoriamente mayoritarios de nuestra sociedad, sin importar a cambio de qué o a costa de qué. El Estado español sigue funcionando a golpe de obcecación, de obsesiones; en absoluto en términos de buscar y propiciar una fase democrática que desemboque en un proceso real de resolución. Y por ello afinan en su embrutecimiento la farsa, porque saben perfectamente que la izquierda abertzale está implicada precisamente en trabajar para que ese nuevo ciclo se instaure más pronto que tarde, tal y como han reiterado públicamente desde hace meses y meses los detenidos ayer por la Policía española.

La dicotomía es clara, y la decisión del Gobierno español de detener ayer a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Rafa Díez y al resto de militantes independentistas lo plasma con más claridad que nunca: el Estado español no quiere que Euskal Herria avance hacia un proceso democrático que aborde las causas del conflicto y dé voz y decisión a la sociedad vasca sobre su futuro. De ahí que encarcele a quienes trabajan por ello. Luego, es obvio, vestirán la farsa al uso, como acostumbran.

¿Qué actitud adoptarán ahora quienes en Euskal Herria aceptan e incluso alimentan la farsa?

Aludamos de nuevo a la figura de los observadores europeos -reales, en cualquier caso- para constatar que son muchos quienes infieren de estas operaciones policiales que el Estado español, en realidad, no pretende sino alimentar y perpetuar el conflicto armado.

A esos mismos observadores debe constarle, incluso en estas horas, que es pública y notoria la apuesta de la izquierda abertzale por contraponer con más iniciativa política y responsabilidad la irresponsable estrategia del Gobierno español, porque eso es lo que realmente teme el Estado. Es en Euskal Herria donde puede darse la vuelta al conflicto para situarlo en el carril adecuado; es en Euskal Herria donde la sociedad y los distintos agentes, todos, deben estar a la altura de la situación.

En la cultura política española a los representantes políticos no se les pide honestidad, inteligencia o prudencia; a los políticos se les valora en términos de si son «duros» o «blandos». En Euskal Herria, debido en parte al grave conflicto que padece nuestro pueblo, a los políticos se les exige ante todo responsabilidad. Es posible que en el Gobierno español haya «duros» y «blandos», pero la operación deja claro que, en cualquier caso, quienes mandan son los irresponsables.

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