Vulneración de derechos en el Estado español
Un informe de la ONU tilda de «arbitraria» la detención de Landa por ser de Batasuna
Tras analizar la denuncia recibida y conocer la respuesta del Gobierno español, un grupo de trabajo de la ONU considera que «la privación de libertad de Karmelo Landa es arbitraria».
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha emitido un informe en el que señala que «el único motivo de inculpación» existente contra Karmelo Landa es «su sola militancia en el ilegalizado partido político Batasuna, un hecho que en sí no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto por la Declaración Universal como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». Por esta razón y otras de carácter procesal, determina que su «privación de libertad es arbitraria».
Siendo consecuente con esta opinión, el organismo de la ONU pide al Gobierno español que «ponga remedio a la situación» de Karmelo Landa «mediante la concesión de la libertad provisional hasta la termi- nación del juicio, adoptando además medidas para que el proceso que se sigue en su contra no sufra nuevas dilaciones indebidas». Demanda también «que adopte medidas de reparación pública y de otra naturaleza a favor de su persona». Y exige, por último, «que adopte políticas públicas y medidas concretas para combatir el flagelo del terrorismo con perspectiva de derechos humanos, es decir, respetando los derechos humanos de todas las personas, y especialmente los de carácter procesal».
Fue la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos quien denunció la situación de Karmelo Landa ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. En el relato que recoge el organismo internacional se describe una sucesión de hechos, en ocasiones espeluznantes, sufridos por Karmelo Landa desde su detención y su encarcelamiento. Se da cuenta de viajes entre distintas ciudades tras su detención hasta llegar a Madrid, donde en ningún momento es interrogado. Se le encarcela pese a negar las imputa- ciones y en prisión sufre un trato vejatorio, siendo incluso encarcelado desnudo en una celda con cucarachas. Se le niegan todas las peticiones que realiza y se le aísla e incomunica por largos periodos de tiempo, alejándolo hasta Cáceres «por su mala conducta», según justifica el Gobierno español. Además, pese a ser un preso preventivo, queda clasificado desde el primer momento -y así continúa- en el «Fichero FIES 1-3».
Tras estudiar la denuncia y atender a las respuestas dadas por el Gobierno español, el grupo de trabajo de la ONU considera que el caso de Karmelo Landa entra de lleno en las tres categorías por las que una privación de libertad puede ser considerada arbitraria. La primera, «cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique». La segunda, «cuando la privación de libertad resulta de un enjuiciamiento o condena por el ejercicio de derecho o libertades» internacionalmente reconocidos. Y la tercera, «cuando la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, carácter arbitrario».
Militancia no delictiva
El informe hace especial hincapié en que la militancia o la pertenencia a la dirección de una formación ilegalizada no puede ser considerada como motivo de encarcelamiento. Al contrario, sostiene que sólo se trata del ejercicio de derechos humanos reconocidos internacionalmente y firmados por el propio Estado español.
Este Grupo de Trabajo de la ONU detalla explícitamente que «según la informaciones proporcionadas» -entre ellas las remitidas por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para rebatir la denuncia presentada-, «las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo que declaran la ilegalidad de Batasuna no transforman a dicha organización, por sí misma, en una organización ilícita o delictiva. La militancia o la dirigencia de un partido político, legal o ilegal, son conductas legítimas y manifestaciones indiscutibles de la libertad de expresión y opinión, así como del de- recho de asociación».
El organismo de la ONU demanda al Gobierno español que ponga en libertad provisional hasta su juicio a Karmelo Landa y que adopte medidas para su reparación pública.
El Observatorio Vasco de Derechos Humano-Behatokia hizo ayer una valoración muy positiva del informe sobre el caso de Karmelo Landa realizado por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, un organismo creado en 1991 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. « Constatamos -señala- que se está consolidando en este sistema una visión de que la actuación antiterrorista española en relación al contexto vasco es absolutamente arbitraria y contraria a los derechos y libertades fundamentales. Orientación que da la razón a los sectores que, en los últimos años, hemos alzado la voz contra dicha interpretación por considerarla incompatible con el más elemental ejercicio de los derechos civiles y políticos».
Behatokia recuerda que la situación de Karmelo Landa es equiparable a la del resto de detenidos únicamente por su pertenencia a Batasuna o a organizaciones como Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna, por lo que «la decisión del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria debe hacerse extensiva a todas esas personas, suponiendo un reconocimiento a la injusta situación que padecen».
A esto añaden que «este nuevo varapalo de los órganos de vigilancia internacionales, a los que recordamos se ha sometido el Estado español voluntariamente, no puede pasar desapercibido para los responsables gubernamentales. Es el momento de que adopten una decisión definitiva que revierta la maquinaria para la vulneración de derechos civiles y políticos que los últimos años ha puesto en funcionamiento».
Lamentablemente, la práctica del Gobierno español y de quienes defienden sus intereses en esta materia, como el Ejecutivo de Lakua, no suele ser el de aceptar de buen grado este tipo de denuncias y críticas internacionales, sino más bien intentar desacreditarlas, apoyándose además en el manto de silencio con el que la mayoría de los medios de comunicación suele cubrir estos informes. Ya ocurrió recientemente con la intervención del Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, en la UPV, que la portavoz de Gabinete de López trató de salvar diciendo que no conocía suficientemente la realidad vasca, a lo que se sumaron también voces desde el Gobierno español.
No es la primera vez que Madrid reacciona con enfado ante informes internacionales, y el propio Scheinin refirió en su charla con estupor que representantes gubernamentales españoles habían llegado a responder personalmente a la ONU que no tenían intención de atender sus recomendaciones.
Frente a estas actitudes de las autoridades españolas, el director de Amnistía Internacional en el Estado español, Esteban Beltrán, respondió recientemente que no se trata de que un Relator esté mal informado o cierto organismo se incline por esta tesis, sino que todos los informes internacionales van en un mismo sentido desde hace muchos años. I.I.
