Audiencia Suprema, Sala de lo penal. En el recurso de casación que ante Nos pende, por el que se enjuicia a los partidos políticos PSOE y PP por su presunta pertenencia a entramado terrorista. Antecedentes de hecho: Que a partir del 18 de julio de 1936, tras el alzamiento contra la legalidad entonces vigente, se instituye un sistema político cuyo garante será la organización terrorista autodenominada «Fuerzas Armadas Españolas - FAE» y que cuenta entre sus funciones las de «defender la integridad territorial, la soberanía e independencia de España», para lo cual parte de la necesidad de la lucha armada en el territorio geográfico que viene a denominar el «Reino de España».

Que esta organización adoptó en aquel primer momento una estructura unificada que, a partir de 1978 y en base a un proceso que pretendía amoldarse a los tiempos denominado «transición a la democracia», sustituyó por una estructura frentista. Así, el frente militar se constituye en vanguardia, y mantiene la dirección del conjunto para además, desarrollar sus acciones «ilegales», diferenciadas de otras «legales» que serían llevadas a cabo por los diferentes «frentes» institucional, político, social, cultural. De esta manera, se conforma toda una proliferación de organizaciones que denominaremos «el entorno» cuyo vínculo será la adhesión a los principios programáticos que se expresan en la pretendida «Constitución democrática», así como el rechazo a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.

Para garantizar la unidad de acción política y sin perjuicio de que cada organismo desarrollase su propia intervención sectorial, era imprescindible la coordinación de los distintos aportes de cada uno de aquéllos, de manera que, en su interrelación, se alcanzase el triunfo del proyecto político aunador.

Fundamentos de derecho: Como quiera que FAE era el frente armado y la única de todas las organizaciones que mantenía una estrategia global, se mantuvo en la dirección política, diseñando la estrategia general que el resto de las organizaciones sectoriales deberían ir desarrollando, y así, en lo que ella por ser la facción armada derivaba hacia las demás. La posición preeminente de FAE la situó en la vanguardia dirigente, pasando a ser las demás organizaciones vanguardias delegadas.

FAE elaboró un proyecto de carácter «político-militar», en el que, junto a la acción terrorista, incluía la propuesta de una convergencia entre el PSOE y el PP para formar una «alianza estratégica nacional». Es decir, no se trata de iniciar una apuesta por las vías políticas institucionales y democráticas, abandonando la violencia terrorista, sino, sencillamente, de adaptar ésta a la evolución de esta peculiar «apuesta política», en la que los obstáculos no son superados mediante los votos, sino mediante la manipulación de las elecciones y la amenaza de intervención de FAE.

En este esquema de actuación compartido, los partidos políticos PSOE y PP -con la confluencia de UPN en territorio navarro- tendrán una relevancia destacada. En efecto, desplegarán una labor en el frente institucional y político al nivel principal de minimizar o contextualizar las acciones terroristas llevadas por la organización FAE tanto en territorio vasco como en el exterior -otras naciones o pueblos de la península ibérica, así como estados como Irak, Afganistán etc.-. Este hecho se substanciará en la actuación de ambos partidos al negarse a condenar rotundamente y sin paliativos las actuaciones pasadas y presentes de la organización FAE. Asimismo, su actuación se deriva hacia el objetivo de dar cobertura política a las vulneraciones de derechos humanos cometidas por FAE y, más en concreto, por sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acantonados en territorio vasco.

La encomienda de esta función se desprende de las recientes declaraciones hechas en sede parlamentaria por los sres. Pastor y Urquijo en el desarrollo de un debate en el que, en contra de las principales recomendaciones de organismos internacionales, buscaban justificar la incomunicación de los detenidos y en el que se pudieron fácilmente encontrar elementos de apología de la tortura. En palabras de Urquijo para defender esta práctica, «si un policía quisiera hacer eso, lo podría hacer en otro ámbito». Estas declaraciones sólo se pueden entender desde la persecución del objetivo, reconocido por el entorno de las FAE, de humillar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

En paralelo, llevarán a cabo el enaltecimiento de los penados por motivo de sus acciones terroristas, tales como Vera, Barrionuevo o Galindo, a quienes buscarán en todo momento exculpar de sus responsabilidades, al tiempo que reclaman para ellos su inmediato excarcelamiento.

Asimismo, con su actividad pretendidamente política, desarrollarán una labor de «señalamiento» a toda persona, grupo, organización y partido político a los que se hace responsables de la imposibilidad para obtener sus objetivos, para que después sean objetos de atentados, hostigamiento o persecución. Del mismo modo, cumplirán con la función de «captación» de nuevos integrantes para la organización terrorista FAE.

Por último, buscarán cualquier resquicio del sistema jurídico-político para denegar una salida en justicia para el denominado «conflicto vasco», así como deslegitimar cualquier aspiración popular de debate público y más democracia. Esta acción, sin duda alguna, conlleva la prolongación del contexto de violencia y el sufrimiento que éste genera.

Fallo: que debemos prohibir y prohibimos los partidos referidos PSOE y PP, además de suspender todas sus actividades, internas y externas. Que se proceda a la detención de todas sus ejecutivas, así como cierre de sus locales y demás expresiones públicas de los referidos partidos. Que sean asimismo desalojados de las instituciones y cargos que fraudulentamente ocupan. Que se adopten las medidas necesarias para que las protestas que pudiera en su caso generar esta sentencia sean prohibidas por considerarlas ilegítimas. De la misma manera, decidimos la inmediata desarticulación de la organización FAE, y en concreto la retirada de sus Fuerzas de Seguridad del Estado del territorio referido, para evitar causar más daño y sufrimiento a los ciudadanos y ciudadanas de estas tierras.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

P. D.: En dos días se ha publicado un auto de la Audiencia Nacional contra Batasuna y una sentencia del Tribunal Supremo contra Gestoras-Askatasuna. Quien haya dedicado un momento a leerlas comprobará que no solamente empleo en este artículo sus mismos razonamientos, sino que les he arrancado párrafos enteros, literales -algunos, por cierto, de redacción insufrible-. Como se puede apreciar, no es difícil escribir sentencias fabulosas. Lo es más estar entre los elegidos a los que se las publican. Decía Henry de Montherlat que «no hay poder, solamente existe el abuso de poder». No es momento de fábulas, la realidad nos reclama.