El informe redactado por el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que califica de «arbitraria» la detención de Karmelo Landa y exhorta al Estado español a la inmediata puesta en libertad del representante independentista pone en evidencia la manifiesta ilegalidad de la política represiva con la que Madrid pretende someter a la izquierda abertzale. Vulneración de su presunción de inocencia, trato «inhumano y cruel», dilación en el juicio... En la información que hoy ofrece GARA podrán comprobar los lectores la extensa lista de irregularidades e ilegalidades acumuladas en la detención de Landa y la contundencia con la que las rechaza el escrito de Naciones Unidas.

Pero el desarrollo del informe no se detiene en un solo caso, ni muchos menos. Entre otras cosas, el citado Grupo de Trabajo se toma la molestia de recordarle al Estado español que «la militancia y la dirigencia en un partido político, legal o ilegal, son conductas legítimas y manifestaciones indiscutibles de la libertad de expresión y opinión, así como del derecho de asociación».

La hipótesis de que los mandatarios, diplomáticos, jueces y juristas españoles sean analfabetos en Derecho es poco plausible. Sencillamente, es más probable que en su mayoría defiendan una visión regresiva del Derecho acorde con la evolución de la cultura política en el Estado español en las seis o siete últimas décadas. Lo que en todo caso es indiscutible es que con su proceder están promoviendo, además de las graves consecuencias directas de todo este tipo de arbitrariedades, una incultura generalizada en la población en todo lo referido a Derecho y, sobre todo, a derechos políticos y libertades. Más allá de sus fronteras, por contra, están luciendo una escasa cultura democrática que, por mucho que intenten ocultar o disfrazar, lo único que consiguen es evidenciar. Si no, ¿por qué sólo mencionan los dictámenes que les dan la razón y ocultan este informe o el del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos?