Los uruguayos tienen hoy una doble e importante cita con las urnas. No sólo está en juego el nombre de quien gobernará el país los próximos cuatro años. Los ciudadanos tienen también, aunque sea con un largo retraso, la oportunidad de derogar la Ley de Caducidad, que desde su aprobación en el Parlamento en 1986 da inmunidad a los crímenes perpetrados por los militares durante la dictadura (1973-1985). Llegar a este punto no ha sido nada fácil. Una vez más, ha sido gracias a la implicación y tenacidad de los grupos sociales y de derechos humanos.

Los partidarios del indulto amenazan con iniciar una larga batalla legal para impedir que la voluntad popular se haga efectiva y pueda abrirse la puerta a futuros procesos judiciales contra represores.

Habrá que ver lo que sucede, porque las encuestas aparecen bastante ajustadas. Pero el debate ya está y los casos de torturas, desapariciones, detenciones, secuestros... están sobre la mesa clamando justicia.

No ocurre lo mismo al otro lado del océano. El Estado español también tuvo su dictadura, mucho más larga que la uruguaya, la argentina o la chilena. Pero, la palabra fusilado, paredón o fosa común aún sigue siendo casi un tabú, algo que es mejor olvidar y no remover demasiado, todo en nombre de una falsa «reconciliación».

Si se han podido recuperar algunos cuerpos es, nuevamente, por el empeño popular y de las generaciones que han querido recuperar la memoria de sus antepasados.

Ante el vacío institucional, sólo la movilización ciudadana podrá borrar del olvido los nombres de víctimas y victimarios.