Más de seis años después de que se pusiera en marcha la operación jurídico-policial dirigida por el juez Baltasar Garzón contra Udalbiltza, electos municipales y los propios procesados en el sumario, acusados de «integración en organización terrorista» y «malversación de caudales públicos», se reunieron ayer en Oiartzun.

En este encuentro acordaron crear una «red de solidaridad y protesta» en torno a los encausados para responder a la actuación de la Audiencia Nacional española, ya que prevén que comenzará en breve el juicio del «caso Udalbiltza». En él denunciarán la «conculcación de derechos que trae consigo este juicio» y reivindicarán la «legitimidad» y la «necesidad» de Udalbiltza como institución nacional. Además, organizarán diversos actos en numerosos pueblos y ciudades de Euskal Herria, con el objetivo de trasladar su apoyo a los encausados.

Público y transparente

«Por el mero hecho de realizar un trabajo institucional público y transparente», como se resaltó ayer en Oiartzun, la Fiscalía solicita entre 10 y 23 años de prisión para 22 personas, entre las cuales se encuentran antiguos alcaldes y concejales, además de trabajadores de Udalbiltza. «Desde 1999, con la legitimidad otorgada por una representación democrática, la actividad de Udalbiltza ha sido pública, y ahora quieren imponer un castigo penal a esta práctica», argumentan.

Según informaron desde la misma organización, «además de la no- table conculcación de derechos civiles y políticos», la acusación pide que se disuelva la institución de Udalbiltza. Por su parte, los encausados consideran que con esta medida «se vulneraría el derecho que tiene Euskal Herria, como cualquier otra nación, a crear y tener sus propias instituciones».

Recordaron que desde algunas instituciones vascas se ha reivindicado la legitimidad de Udalbiltza.