Contentar a un sector del electorado parece más importante que respetar los derechos de la mitad de la población. Y así, como en la era de la Inquisición, guiándose por valores y creencias remotas se intenta descafeinar una medida que ya de por sí es endeble. Cuando casi ha transcurrido un cuarto de siglo desde la última normativa en torno al aborto, es preciso abordar seriamente la vulneración de este derecho.

La inseguridad jurídica tanto de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo como de las y los profesionales sanitarios que realizan las intervenciones han sido el pan de cada día en estas largas décadas. Sólo cabe echar la mirada atrás y recordar como en 1976 once mujeres basauritarras fueron arrestadas tras ser acusadas de haber abortado.

Asimismo, la práctica de la interrupción del embarazo dentro de la red sanitaria pública ha sido despachada con la marginalidad, favoreciendo la objeción de conciencia y la inhibición de muchos profesionales. De este modo, las dificultades sociales y económicas con las que se encuentran las mujeres que pretenden abortar son en la mayoría de las ocasiones insalvables.

La normativa vigente no respeta ni por asomo la autonomía reproductiva de las mujeres ni su derecho a la atención a su salud, por lo que es necesario un cambio legislativo.

La Ley del Aborto que se propone en el Estado español, de aprobarse, será una forma de echar a andar. Un paso hacia una meta donde la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en condiciones de legitimidad, seguridad y legalidad, adoptando las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectiva.

Pero aunque la dirección sea correcta, este paso deberá de ir acompañado de numerosas medidas más como una buena educación sexual a las futuras generaciones, el acceso libre y gratuito a todos los métodos anticonceptivos o la cobertura en la red hospitalaria. Tan sólo así se logrará vislumbrar el respeto a este derecho.