«Marruecos es una potencia ocupadora sin legitimidad alguna, así ha sido declarada por Naciones Unidas. Y por lo tanto, sus tribunals son tribunales de ocupación que no tienen potestad ni competencia para enjuiciar a la sociedad civil saharaui», sentenció ayer la abogada canaria Inés Miranda Navarro, de visita en Euskal Herria.

Pese a todo, Miranda -una letrada con amplia experiencia en observación de juicios contra activistas saharauis proderechos humanos en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos- denunció las graves y numerosas vulneraciones de derechos humanos (torturas, detenciones, desapariciones...) que sufren los saharauis que habitan tanto en la parte del Sahara Occidental ocupada por Marruecos como quienes viven en los campamentos de refugiados.

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo junto a Edurne Rivas, de la asociación Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) de Bizkaia, Miranda advirtió de que «esta escalada de violencia se ha ido recrudeciendo este último año».

A modo de ejemplo, citó el «escandaloso» caso de los siete destacados dirigentes de comités de liberación o asociaciones proderechos humanos que fueron detenidos por las autoridades marroquíes el pasado 8 de octubre en Casablanca tras una visita a los campos de refugiados. A todos ellos se les acusó, según aseguró la letrada canaria, de «conspiración y atentado contra la integridad territorial de Marruecos».

Además, censuró que estos civiles vayan a ser juzgados por un tribunal militar «en época de paz», y remarcó que los abogados no han tenido acceso al expediente del caso.

Subrayó también que aún no se han detallado los cargos por los que se les va a juzgar a los acusados y alertó de que cabe la posibilidad de que sean condenados a muerte.

Miranda señaló que, en muchas de las detenciones, Marruecos reduce a delitos comunes -por ejemplo, tirar piedras en la calle- lo que, en realidad, son exigencias «para que Marruecos salga del territorio ocupado» y la demanda de autodeterminación del pueblo saharaui, negando así que se trate de un conflicto con raíces políticas.

Ambas criticaron el escaso eco que la represión de los saharauis tiene en los medios y en la comunidad internacional, lo que le otorga cierta «impunidad».