Al Consejo Europeo que comenzó ayer en Bruselas, pendiente de la ratificación del Tratado de Lisboa por la República Checa, y por tanto, de una nueva cumbre dentro de dos semanas, se le supone una gran trascendencia a tenor de las materias a tratar. La elección de los nuevos cargos que la vigencia del Tratado exige habrá de esperar -si bien conviene tener muy claro que los principales cargos no serán ni el de presidente ni el de ministro de Exteriores de la Unión- pero, en efecto, no se le puede negar trascendencia a un asunto como el cambio climático. Reducir las diferencias para lograr una posición común de la Unión es uno de los objetivos. Sin embargo, tanto respecto a ése como a otros grandes asuntos de dentro y fuera de las fronteras de los Veintisiete, resulta costoso eludir la duda de si existe una decidida voluntad de funcionar como una verdadera unión en lugar de como una suma de estados sin vocación de tal.

La UE no puede evitar aparecer como un club en el que la aportación de cada miembro se limita a promover acuerdos o vetos en función de sus intereses -pero no de los de sus ciudadanos- y que, discursos decorativos al margen, no están dispuestos a consensuar políticas que supongan ceder un ápice de su soberanía. La respuesta a la crisis económica actual o la evidente división en el seno de la UE respecto a la postura común que se supone debería llevar la UE en diciembre a la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático son buena muestra de ello.

En conclusión, nos hallamos ante una Unión Europea que no ha sido capaz de sacar adelante una constitución y a duras penas ha aprobado -hurtando la posibilidad de opinar a la inmensa mayoría de los ciudadanos de los estados miembros- un tratado sucedáneo de aquélla y que no se sabe muy bien qué objetivos persigue. Ese tratado, presentado como un logro, en realidad no es sino la evidencia de un gran fracaso. Da la impresión, en fin, de que el principal objetivo de la UE, incapaz de abordar políticas comunes de calado, es mantener su mera existencia.