El Tribunal Supremo español, en sentencia que ya es firme, ha dejado en diez años de cárcel la condena al joven Hodei Ijurko por un ataque a la Policía Foral. Evidentemente, no supone una satisfacción para los familiares, pero sí un alivio tras un proceso en el que inicialmente la Fiscalía llegó a reclamar casi 40 años de cárcel y que la Audiencia Nacional fijó luego en 16.

No es habitual que el Tribunal Supremo corrija a esta instancia especial, así que la rebaja de la pena fue remarcada ayer en rueda de prensa por su abogada. Jaione Karrera compareció junto a los padres de Ijurko, un representante del movimiento pro amnistía y uno de los siete jóvenes que aún tendrán que sentarse en el banquillo por este caso. Cinco están presos.

Karrera remarcó la excepcionalidad de la condena inicial, ya que la Audiencia Nacional dictó una pena superior a la planteada por las acusaciones y superior incluso a la que define el Código Penal para los delitos imputados. Detalló que al joven se le aplicaron dos delitos de «atentado a la autoridad» cuando sólo se produjo un ataque. Y todo ello con un objetivo claro: dictar una condena «ejemplarizante». En su opinión, ese fallo luego corregido es un ejemplo de la aplicación de un «Derecho Penal de Autor o Derecho Penal del Enemigo» a los vascos.

Desde una perspectiva jurídica, recordó además que esos 16 años de cárcel por una acción de kale borroka eran más que los dictados por la muerte del panadero de Iruñea Angel Berrueta; en ese caso, al hijo del policía español que tomó parte directa en la muerte sólo se le impusieron 13 años de condena.

Un representante del movimiento pro amnistía citó también que el tiempo de cumplimiento superará sin duda al de otros condenados por muertes, como el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. «¿Es la ley igual para todos? Está claro que no -se respondió-. No tenemos dudas de que la condena impuesta a Hodei es un castigo político. Lo han utilizado para dar un escarmiento al resto de la juventud rebelde».