El lehendakari, Patxi López, sorprendió gratamente a muchas personas cuando en la noche del jueves, tras reunirse con la ministra Elena Espinosa, reclamó a las autoridades judiciales que, «dentro de la más absoluta legalidad», estudien la posibilidad de extraditar a Somalia «o algún país de la zona, como Kenia» a los dos supuestos secuestradores detenidos «para facilitar la liberación de los secues- trados». Esa petición concordaba con la opinión que mantienen la mayoría de los dirigentes políticos sobre la forma más adecuada de resolver el secuestro, pero ningún responsable gubernamental, ni de Lakua ni de Madrid, lo había expresado hasta ese momento.

La demanda de pedir movimientos a la Audiencia Nacional se la habían manifestado los alcaldes de las localidades vascas donde residen los secuestrados a la consejera de Pesca, Pilar Unzalu, en el encuentro que mantuvieron a media tarde y la iban a hacer pública durante el día de ayer. A alguno de los ediles le descolocó el escuchar las palabras del lehendakari.

Según datos a los que ha tenido acceso GARA, el lehendakari quiso el jueves dar un paso adelante y asumir un liderazgo en esta materia que hasta la fecha no había tenido, pero ayer viernes ya estaba lamentando haber ido demasiado lejos. Según trasmitió Patxi López confidencialmente a otros dirigentes políticos, le habían comentado que este tipo de posicionamientos podrían tener un efecto negativo en las negociaciones. Hay quien sospecha, sin embargo, que lo que le dijeron es que contribuía a aumentar la presión sobre el Gobierno español.

Declaración del Parlamento

Ante la gravedad de los hechos que se fueron conociendo el jueves, la presidenta del Parlamento autonómico, Arantza Quiroga, decidió convocar para primera hora de ayer, antes del inicio del pleno, una reunión de la Junta de Portavoces para tratar de consensuar una declaración institucional.

En una primera instancia, los grupos consideraron absolutamente insuficiente el texto presentado por Quiroga, en términos de solidaridad y apoyo a las familias. Varios grupos entendían que lo dicho por el lehendakari la víspera y su referencia a los detenidos era el suelo mínimo para hacer una declaración. Por lo tanto, y como López había anunciado una ronda de contactos, decidieron esperar a su conclusión para redactar la declaración institucional.

Después de hablar con el lehendakari y de que éste expresara que quizá la víspera había ido demasiado lejos, los partidos, en aras de dar una imagen de unidad, acordaron un texto común que en esta materia se limita a decir que el Parlamento «insta al Gobierno de España y a las instituciones del Estado a adoptar cuantas medidas diplomáticas o judiciales sean necesarias, dentro de la legalidad, para favorecer la inmediata liberación de los tripulantes del atunero Alakrana». Una redacción más matizada que la demanda clara del lehendakari de que se busque la manera de devolver a los detenidos a Somalia o enviarlos a Kenia.

Además, la Cámara se solidariza con las familias de los secuestrados y exigió «al Gobierno de España que extreme la atención» con ellos y los mantenga siempre informados.

También pide que el Ejecutivo «siga tomando las resoluciones pertinentes para que ningún pesquero español continúe desprotegido en aguas somalíes».

Entre la mayoría de los parlamentarios, incluso en las filas del PSE, existe la apreciación de que las autoridades españolas no han actuado como debían en este secuestro, y que la detención de los supuestos piratas sólo ha contribuido a empeorar la situación.

Desde la oposición las críticas se hacen extensibles también a la actuación del Gobierno de Lakua, pero prefieren esperar a que el secuestro se resuelva felizmente antes de empezar a hacer de esta cuestión un elemento de pugna partidista.