Los servicios privados de inteligencia de Inglaterra, con amplia experiencia en negociaciones y mediación en situaciones límite, ya expresaron su sorpresa cuando la Armada española capturó, en relación con el apresamiento del Alakrana, un esquife con dos somalíes. La detención de aquellos tripulantes fue valorada negativamente por estas agencias privadas especializadas en mediación y declararon que no era la forma de solucionar el secuestro de forma rápida y diligente de acuerdo con su experiencia. Aún desconociendo el grado de implicación de los detenidos en el abordaje del atunero vasco y las particularidades tribales, fueron embarcados rumbo a la Audiencia por orden de Garzón, mientras alguna prensa y las notas oficiales del Ministerio intentaban reflejar el éxito de un combate naval en la que resultó herido un somalí «por su postura amenazante». El esperpento se ha trasladado al juzgado con el examen forense de la clavícula de un pirata somalí para confirmar su mayoría de edad.

Para desazón de los familiares, el Gobierno español no se ha cansado de repetir que todas las opciones están abiertas, pero lo que están viviendo los arrantzales del atunero vasco y sus familias no es una mano de póker para que el Gobierno español lance un farol para intimidar a la parte contraria con la posibilidad de alguna acción expeditiva o justiciera. Con 36 tripulantes hacinados en el atunero a punta de Kalashnikov, resulta una temeridad cualquier opción que no sea, lisa y llanamente, un pacto entre caballeros piratas y caballeros militares. La experiencia de otros buques que han estado cuatro meses retenidos confirma que sólo hay una única opción viable y segura para traer los tripulantes a casa.

He sido testigo de serios percances con piratas africanos que siempre han acabado felizmente para los trabajadores de la mar, por el buen hacer del capitán que valoraba que la seguridad de los tripulantes y la navegabilidad del buque era por ese orden lo primordial. En Monrovia, por falta de comunicación con el exterior, el capitán se vio obligado a tomar las medidas oportunas sin apoyo logístico externo cuando un grupo armado hizo suyo el barco fondeado con bandera noruega. Entre piratas armados y tripulantes civiles, por la ausencia de teléfono y militares a la vista, no todas las opciones estaban abiertas y aunque la obligada transacción unilateralmente impuesta con orden incluida del capitán a todos los tripulantes de un <<laissez faire>> se convertía en mero robo de alimentos, cabos, pinturas, maquinaria, herramientas, y el desvalijamiento de algún que otro camarote, se aplaudía el final feliz para todos. El capitán sabía que sólo valía una opción para salvar la tripulación y buque. Por aquellas calendas el armador se enteraba del asalto a través de un telegrama vía radio cuando el buque quedaba libre y se anotaba lo acaecido en el diario de navegación para efectuar la pertinente reclamación por avería al seguro con resultado incierto.

Actualmente, con la petición expresa por parte de las navieras de la intervención militar en busca de protección y resguardo para sus buques pesqueros en aguas especulativas, los valores sociales de la navegación tradicional se han transformado radicalmente. Lo que era un riesgo náutico-pesquero entre civiles, o sea entre trabajadores de la mar desarmados y piratas armados, ha pasado a un complejo sistema de relaciones de galones y mando en que no siempre prevalece el interés común. Con la presencia militar la seguridad en el trabajo queda a muchas millas de distancia.

El consorcio militar europeo desplazado al cuerno de África por un lado y el Parlamento español por otro, concediendo permisos de armas de guerra en los buques de pesca amenazados, intentan conseguir la democratización y privatización de los medios de destrucción, transformando un arte de pesca, cuestionado ya por arrasar todo lo que encuentra a su paso (éste es otro problema) con un conflicto permanente allá por donde navegue. Las armas de guerra ayudan a ahuyentar, como se ha visto estas últimas semanas, algunos piratas, pero no garantizan ni mucho menos un futuro tranquilo, porque tal vez promuevan la perdida de la buena disposición de respeto por la vida que se apreciaba hasta el momento.

En unas recomendaciones sobre «Navegación preventiva en zona de piratas» para buques medianos y pequeños, publicadas ya en el año 2000 en una revista especializada, concluía: «si el abordaje es inevitable valore cuidadosamente los rasgos y las señales de la situación previa al abordaje. Aunque algunas medidas parezcan viables piense que la vida es el bien mas preciado. No utilice armas de fuego, ya que seguramente la zona y las conductas previas al abordaje, le `marcarán' si realmente los piratas quieren solo bienes y equipos o por el contrario algún acompañante del buque puede ser susceptible de sufrir daños. En situación desesperada, utilice la legítima defensa sólo si valora que la operación puede quedar totalmente y definitivamente concluida con su actuación».

Como no es el caso, cualquier operación militar o judicial que dicte el gabinete de crisis que no sea la de conseguir la vuelta de los arrantzales, y en esta ocasión no me quiero olvidar de los armadores y por tanto también el regreso seguro del Alakrana, tendrá una combinación de propósitos militar y político que contrastará paradójicamente con la prevista inexistencia del poder del Estado en Somalia. Este gabinete de crisis tiene que replantearse muchos programas para recuperar el control sobre las consecuencias que la accion armada tendrá sobre los tripulantes y manejar los asuntos de la especie humana.