Colectivos sociales que se oponen a infraestructuras como la incineradora, el superpuerto de Pasaia o el Tren de Alta Velocidad se concentraron ayer ante la sede de la Diputación de Gipuzkoa, que acogía la clausura de los «Cursos sobre formación en participación ciudadana». De esta manera quisieron denunciar «la hipocresía» de la institución foral, que impulsa este tipo de actos mientras que, «de forma sistemática, se está evitando consultar a la población sobre los grandes temas» que atañen al territorio guipuzcoano.

«Se demuestra así -resaltaron- que existe verdadero miedo a contrastar actuaciones que, por otra parte, tienen un respaldo técnico y económico muy endeble y son totalmente cuestionables por la sociedad, que es, al fin y al cabo, quien lo financia». Decenas de personas se unieron a la convocatoria y denunciaron la actitud de las administraciones coreando lemas como: «Zuen parte hartzea burla hutsa da!» o «No es participación, es imposición».

A las puertas de la Diputación instalaron una exposición informativa sobre los citados proyectos con la que los viandantes pudieron observar detalles de los citados proyectos o conocer de qué manera se verán afectados los entornos en los que se proyectan construir esas infraestructuras.

«Ocultar información»

Tras la concentración, en la rueda de prensa que ofrecieron representantes de Jaizkibel Bizirik, la Coordinadora de plataformas contra la incineración y el grupo contra el TAV de Donostia, criticaron que hasta el momento «la actuación de la Administración se ha centrado en ocultar información, acallar cualquier opinión contraria y dilapidar cualquier iniciativa de debate o participación social sobre los temas que consideran estratégicos».

Los concentrados pusieron como ejemplo la actuación que han mantenido las administraciones sobre el proyecto del puerto exterior de Pasaia, y concretamente, denunciaron que a comienzos de octubre la Juntas Generales «rechazaron, con los votos de PNV, PSOE, PP y H1!, establecer un proceso de participación ciudadana en relación a este proyecto, justificándose en que `la decisión ya esta tomada'». Los representantes de Jaizkibel Bizirik advirtieron que «es absolutamente falso que el debate sobre el puerto exterior esté cerrado, ya que, además de que nunca lo ha habido, se trata de una propuesta que está en sus primeros pasos».

Por su parte, lo acaecido en relación al proyecto de Ley de Residuos que ha querido impulsar la Coordinadora de plataformas contra la incineración es, en su opinión, un claro ejemplo de «la farsa de la participación y de la sostenibilidad que preconizan a cuatro vientos los partidos que gobiernan». Y es que de nada han servido las 35.000 firmas que lograron reunir y presentaron en la Cámara de Gasteiz. «Han sido seis meses de trabajo arduo recogiendo firmas por la CAV -explicaron-, trabajo de información, sensibilización, pero que para los `gobernantes democráticos', no ha merecido más que cinco minutos de discusión».

Más de lo mismo comentaron en torno al proyecto del TAV, que calificaron como claro ejemplo de que «bajo el actual despotismo de la movilidad sin frenos», la cuestión de la participación de la ciudadanía «en asuntos que deben ser tratados socialmente no es otra cosa que el cinismo aparentemente bienintencionado de siempre». En este sentido, recordaron que «los únicos atisbos de debate y participación social» que se han podido dar, han sido promovidos por el movimiento social en las localidades afectadas.

Las organizaciones sociales que impulsaron la protesta que tuvo lugar en el centro de Donostia recordaron también que se ha de fomentar la participación en todos los niveles y que se han de poner en la mesa de debate todos los argumentos, tanto técnicos como sociales, sobre los citados proyectos. «Se debe posibilitar la difusión de un información veraz y que se establezcan procesos abiertos, transparentes, en el que se estudien todos los planteamientos y alternativas, y situando en condiciones de igualdad a todas la opciones», reivindicaron.