Greenpeace presentó ayer en el TSJPV una demanda contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que el Gobierno de Lakua ha otorgado a la central térmica de Pasaia. En ella el grupo ecologista pide que se declare la nulidad de pleno derecho de las resoluciones por las que se concede dicha autorización.

La organización ecologista demuestra, mediante diversos documentos integrados en la demanda, que la central térmica no tiene licencia de actividad, ni autorización urbanística ni Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que considera «ilegal» la autorización otorgada.

Entre los fundamentos esgrimidos para exigir la nulidad está el punto de vista urbanístico; y es que,según Greenpeace, la central «no tiene autorización para su ubicación» en Pasaia y Lezo. Asegura, además, que el Ayuntamiento de Lezo «ha sido ignorado» en la tramitación del procedimiento y recuerda que el Consistorio pasaitarra ha emitido un informe negativo sobre la central.

Por otra parte, explicó que esta central de Iberdrola «carece de licencia de actividad», y trae a colación que sólo dispone de una licencia provisional limitada, otorgada el 27 de febrero de 1964. Además, en la nota emitida a los medios, Greenpeace informó de que lograr una licencia definitiva «depende de unos requisitos técnicos exigidos que, según reconoce Iberdrola, nunca se han cumplido».

Nueve meses de cárcel

Para la responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, Raquel Montón, «es inaudito que mientras el mundo negocia estos meses para alcanzar un acuerdo que evite un cambio climático catastrófico, se pueda ilegalmente emitir millones de toneladas de CO2».

Esta demanda se presenta, además, tan sólo dos semanas después de que la organización tuviera conocimiento por la prensa de que la Fiscalía pide 9 meses de cárcel y 18.000 euros para 10 activistas de Greenpeace que realizaron una protesta en esa misma central, con el objetivo de denunciar que emite CO2 y causa el cambio climático. El grupo de Alternatiba de las Juntas Generales de Gipuzkoa solicitó, en este sentido, que se retire la petición de cárcel y de multa para los diez activistas de Greenpeace.