Si alguien piensa que el Tratado de Lisboa es el remedio de todos los males de la Unión Europea, se equivoca. A veintisiete estados, con o sin Lisboa, el futuro es incierto, y el presente caótico. Los contactos previos para la elección (en la cumbre extraordinaria del día 19) de un presidente estable del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad han reflejado perfectamente que los intereses estatales y la falta evidente de criterios han sumido a la Unión en el caos, la improvisación y el engaño, tal y como informábamos el pasado jueves. Pero hay otros muchos temas en los que la UE sigue naufragando. Aquí analizamos cuatro:

Barroso II, un equipo casi completamente masculino. A pesar de sus insistentes llamamientos, José Manuel Durao Barroso apenas cuenta con mujeres para su segundo mandato. De las veinte personas nominadas hasta ahora, sólo tres son mujeres. Si Barroso aspira, como dice, a tener más féminas en su segundo equipo, de los siete estados miembros que aún no han desvelado su candidato seis deberían elegir mujeres. Su primer equipo contaba con ocho.

La cuestión del género podría convertirse en un auténtico problema para Barroso, puesto que son ya varias las formaciones que han advertido que rechazarán a la nueva Comisión si no hay más mujeres que en el anterior mandato. Además, varias parlamentarias de diferentes grupos políticos han suscrito una carta conjunta lanzando la misma advertencia. Conviene recordar que todos los candidatos deben ser aceptados por Barroso, por los gobiernos y el Parlamento, que tiene la potestad de rechazar en bloque al colegio de comisarios (o a candidatos concretos «sugiriendo» a Barroso que retire a éste o aquel).

Por otra parte, nadie sabe aún cuándo comenzarán las audiencias de los candidatos a comisario ante el Parlamento Europeo. La Cámara había reservado la última semana de noviembre y la primera de diciembre para llevarlas a cabo, pero el retraso en la convocatoria del Consejo Europeo extraordinario provocará retrasos en cadena. Desde el grupo Liberal se ha insinuado ya que los «exámenes» no podrán comenzar antes del 4 de enero y que la votación en pleno sería el 20, con lo que la nueva Comisión no comenzaría a trabajar antes de febrero. O más tarde si los diputados europeos rechazan a los candidatos. No sería la primera vez que los parlamentarios deciden enseñar músculo; ya lo hicieron con la Comisión de Jacques Santer.

Además, los estados no enseñarán todas sus cartas hasta que se sepa definitivamente quién es el presidente del Consejo Europeo, quién el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y quién el nuevo secretario general del Consejo, cargo éste más técnico pero con relativo poder de control del trabajo diario de los estados y también jugoso para muchos. Sólo entonces comenzará una nueva lucha por los mejores puestos y carteras de la Comisión.

De momento, la propuesta lanzada por el presidente del Partido de los Socialistas Europeos, el danés Poul Nyrup Rasmussen, el 24 de junio pasado, de crear una Carta de Derechos de las Mujeres para fomentar sus derechos y oportunidades, ha caído en saco roto.

¿Cuándo asumirán plenamente sus escaños los 18 nuevos diputados europeos surgidos del Tratado de Lisboa? En las elecciones al Parlamento Europeo se eligieron 736 diputados (en base al Tratado de Niza); el texto de Lisboa contemplaba un máximo de 751, incluyendo al presidente, pero en la cumbre de diciembre pasado la cifra se aumentó a 754 hasta 2014 para que Alemania pudiera mantener sus 99 (en 2015 perderá 3). Conclusión: hay 18 nuevos diputados europeos.

Esta posibilidad estaba contemplada ya en los comicios, y se sabe cuántos más tendrá cada estado miembro, pero aún nadie sabe cuándo ocuparán sus escaños, debido, al parecer, a que la atribución de los nuevos escaños no está clara en los estados que ganan diputados y que cuentan con sistemas electorales más complicados. El Estado español, que tendrá 4 más, es el que más prisa tiene por ocupar los asientos; el Estado francés, Suecia y Austria tendrán dos más; y uno Gran Bretaña, Polonia, Portugal, Holanda, Bulgaria, Letonia, Eslovenia y Malta.

Se supone que para el 1 de diciembre, fecha prevista para que Lisboa entre en vigor, la cuestión estará decidida y los 18 se sentarán en Estrasburgo, pero es sólo un suponer, y aunque tomen asiento, es seguro que no tendrán los mismos derechos que sus vecinos. La UE adoptará, una vez más, una decisión provisional. De momento, sólo consta la voluntad de los Veintisiete de que estos 18 «diputados fantasmas», como se les denomina ya en la jerga comunitaria, asuman plenamente su responsabilidad «a lo largo de 2010», con lo que es probable que, mientras tanto, tengan un estatus de «diputado observador». Ésto, que ya se ha hecho coincidiendo con las últimas ampliaciones, les impedirá participar en las votaciones... pero cobrarán como el que más desde el primer día, sean «observadores» o «fantasmas».

¿Alguien entiende que puedan ocurrir estas absolutas estupideces? (el término no es de cosecha propia en este caso, la han utilizado ya muchos diputados al referirse a este tema).

El caso más inexplicable se da en Francia, donde se habla directamente de misterio al referirse a este tema. La legislación francesa no ha resuelto la cuestión y ni tan siquiera se sabe a quién corresponden los dos escaños adicionales. Los Verdes los reclaman para sí, y la derecha dice que no hay prisa.

Alguien podría decir que los estados que lo tienen resuelto envíen a los «fantasmas» desde el primer día, pero el Parlamento Europeo sólo aceptará un desembarco en bloque, para no alterar el balance ya prefijado por el Tratado de Lisboa.

Y hay quien asegura que el tema exige cuando menos un protocolo adicional al Tratado de Lisboa, cuando no una enmienda al texto, lo que podría exigir incluso que Lisboa tuviese que ser de nuevo ratificada por los Veintisiete. La sangre no llegará finalmente al río por esta minucia, es obvio, pero ofrece una idea bastante aproximada del embrollo jurídico y político en que se está convirtiendo la Unión Europea.

Más caos. La gran apuesta democrática del Tratado de Lisboa, la «iniciativa ciudadana», está en pañales. Recordemos lo que dice Lisboa sobre la iniciativa ciudadana: «Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los tratados». Esta farragosa redacción, típicamente comunitaria, dejaba abiertas muchas cuestiones: número mínimo de estados de los que debe proceder la iniciativa; número mínimo de ciudadanos que deben firmarla en cada estado; edad mínima de los firmantes; estructura y formulación de las iniciativas; normas sobre recogida y autentificación de firmas; plazos de recogida; normas de transparencia; y plazo máximo de respuesta por parte de la Comisión.

La decisión sobre estas cuestiones corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo mediante reglamento. La Comisión Europea lanzó este pasado miércoles una consulta pública para lanzar el proceso.

Teóricamente, la decisión de la Comisión Europea de poner en marcha esta consulta para que particulares, asociaciones, empresarios y autoridades públicas expresen su opinión sobre cómo debe funcionar la iniciativa de los ciudadanos es un ejercicio de transparencia. Por otra parte, la iniciativa sólo puede referirse a un campo en el que la Comisión tenga competencias y esto exige información previa y transparencia. Pero, ¿por qué no han hecho antes los deberes -incluida esta consulta pública- para que la iniciativa pueda ponerse en marcha desde el primer día de aplicación del Tratado de Lisboa?

Lisboa entrará en vigor el 1 de diciembre, pero la iniciativa ciudadana no podrá hacerlo antes de principios de 2011, lo cual es un auténtico disparate. Esto no hace sino alimentar la idea de que, en realidad, la Unión está tratando de perder tiempo para retrasar lo más posible una posibilidad de democracia directa para sus ciudadanos.

Ahora, la Comisión ha editado un Libro Verde planteando las cuestiones pendientes y algunas posibles respuestas a las mismas. Algunas de las sugerencias que propone este Libro Verde para que quien lo desee participe en la consulta pública están formuladas como preguntas del siguiente modo:

- ¿Considera que un tercio del número total de estados miembros es «el número significativo« requerido por el Tratado? Si la sugerencia de la Comisión prospera, con firmantes de nueve estados sería suficiente.

- ¿Considera que un 0,2% de la población de cada Estado miembro es un porcentaje adecuado? Esto, por poner dos ejemplos, representaría a unas 160.000 personas en Alemania y a unas 20.000 en Bélgica.

- ¿Considera que la edad mínima requerida por cada Estado miembro para las elecciones europeas es la apropiada también para la iniciativa ciudadana? Y es que la edad para votar no es la misma en todos los estados de la Unión Europea ni, puestos a ello, tampoco los sistemas de verificación de firmas.

En el resto de los temas el Libro Verde se moja menos. Aunque, por ejemplo, apunta a la posibilidad de que el periodo de recogida de firmas pueda prolongarse, para una iniciativa concreta, durante un año.

En cualquier caso, muchas de estas cuestiones podrían ser decididas y clarificadas con mucha mayor rapidez de la prevista. La fecha límite para participar en la consulta es el 31 de enero de 2010; a lo largo del 2010 la Comisión estudiará las aportaciones y elaborará un proyecto de Reglamento; y el Parlamento y el Consejo codecidirán para que pueda entrar en funcionamiento a principios de 2011.

Y ello a pesar de que la comisaria europea de Relaciones Institucionales y Comunicación, Margot Wallstrom, solicitó que la iniciativa pudiera ser usada inmediatamente por los europeos, y argumentó incluso que sería bueno que esto planteara problemas a la Comisión, porque pondría a esta institución mucho más en contacto con las personas y sus intereses o preocupaciones. No parece que los deseos de la activa comisaria sueca hayan tenido mucho eco.

Otro dislate más, que nos llevará a abordar en próximos días la infinidad de aplazamientos, dudas, cuestiones no resueltas y salvaguardas que guarda en sus entrañas el Tratado de Lisboa.

La gran mentira: la participación de los parlamentos de los estados en el proceso de integración europeo. Otro de los puntos del texto de Lisboa que fue presentado en su día como el no va más de la «nueva» arquitectura democrática de la UE surgida de la última reforma es el referido a la mayor participación de los Parlamentos estatales en la política europea. Este punto contempla su participación a través de un nuevo mecanismo para controlar que la Unión actúe exclusivamente cuando la intervención a nivel de la UE resulte más eficaz (subsidiariedad). Esta novedad, se asegura, acrecentará la democracia y la legitimidad de las actuaciones de la Unión, ya que los Parlamentos estatales podrán manifestar su parecer desde la fase inicial de una propuesta, antes de que la estudien a fondo el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.

Esta es la teoría. Vayamos ahora a la práctica, porque se cumplen tres años y dos meses desde que se introdujera exactamente esta misma posibilidad presentada como novedad en Lisboa. Es decir, desde 2006 la Comisión Europea envía sus propuestas legislativas y borradores directamente a los parlamentos de los estados para que estos le hagan llegar sus sugerencias y comentarios. El sistema es el mismo y los objetivos idénticos a los que el Tratado de Lisboa presenta como un gran avance democrático.

Pues bien, hoy sabemos cuál es la participación exacta de los parlamentos estatales en estos tres últimos años, y los datos ridiculizan a varios estados que se las dan de campeones del europeísmo:

- el Parlamento más activo en la política comunitaria, de largo, es el portugués: sus diputados han enviado 102 comentarios sobre propuestas legislativas europeas a Bruselas. Le siguen el Senado francés (58), el Bundestag alemán (48), el sueco (44) y de la Cámara de los Lores (39).

- de los últimos en incorporarse a la UE, destaca la participación de los senadores checos, con 41 opiniones remitidas.

- y ustedes se preguntarán: ¿dónde están los diputados españoles que tanto y tan alto hablan de su europeísmo...? ¡Cero! El Parlamento español no ha enviado ni un solo comentario a Bruselas (otro tanto sucede con Rumanía y Malta).

- los restantes quince parlamentos han enviado entre 1 y 10 notas cada uno. Es decir, de los datos aportados puede deducirse que sólo nueve parlamentos estatales se han tomado en serio este trabajo.

Estos datos dejan a cada cual en su lugar, y cuestionan la presentación de la participación de los parlamentos de los estados en la política europea como uno de los grandes avances democráticos del Tratado de Lisboa. Si, como apuntara el pasado 4 de noviembre el eurodiputado Alain Lamassoure, los «parlamentos nacionales son la llave del éxito de Lisboa», ya pueden ir buscando otro tema de comunicación y propaganda.