El consejero legal de la Casa Blanca, Gregory Craig, encargado del cierre de la prisión de Guantánamo, abandonó su cargo para regresar a la práctica privada de la abogacía.

En un comunicado difundido en Tokio, donde el presidente estadounidense, Barack Obama, se encuentra de visita oficial, la Casa Blanca indicó que Craig será reemplazado a finales de año por el letrado demócrata Bob Bauer, el abogado personal de Obama.

En su carta de dimisión, adjunta al comunicado de Obama, Craig no detalla cuáles son las razones que han propiciado su regreso al ámbito privado. Cabe destacar, además, que es el más alto responsable de la administración Obama que ha dimitido hasta el momento.

Pese a no haberlo anunciado hasta ayer, hacía tiempo que se especulaba con una posible dimisión de este abogado.

Craig no era una de las caras más visibles de la Casa Blanca, pero tenía un papel crucial, aconsejando al Presidente sobre los aspectos legales de sus decisiones y sus políticas, supervisando nombramientos importantes y, cuando procedía, defendiendo a Obama en las acciones jurídicas emprendidas contra él.

En esta línea, Crais estuvo en la primera línea para tratar de llevar a cabo una de las primeras y más importantes promesas electorales de Obama, la del cierre de la prisión de Guantánamo en enero de 2010.

Sin embargo, el propio Ejecutivo reconoce a día de hoy que tendrá dificultades para llevar cumplir con ese propósito.

Juicio por el 11-S

Precisamente, la dimisión de Craig coincide con el anuncio del enjuiciamiento de cinco hombres acusados de haber ordenado los atentados del 11 de setiembre ante un tribunal de derecho común en Nueva York, una ciudad que aún está muy lejos de olvidar los acontecimientos de 2001 que provocaron cerca de 3.000 muertos.

Según filtró a la agencia France Presse un abogado militar de Guantánamo -donde se encuentran presos Khaled Cheikh Mohammed, el autoproclamado cerebro de los atentados y sus cuatro presuntos cómplices- los acusados serán juzgados por un tribunal federal.

El ministro de Justicia, Eric Holder, debía celebrar una rueda de prensa en la mañana de ayer pero, por el momento, declinó hacer cualquier comentario sobre esta información.

Al tener conocimiento del hecho, las asociaciones de víctimas declararon que la decisión supondría «un grave error», y aseguraron que el procedimiento debería continuar ante un tribunal militar de excepción.