El alcalde de Bermeo, Xabier Legarreta, había anunciado que el martes, día de la liberación del «Alakrana», iba a ser una jornada de celebración, y que la valoración de todo lo acontecido en estas semanas lo iban a dejar para otro momento. Ese momento fue ayer, cuando junto al primer edil de esta localidad vizcaina, epicentro de toda la tensión acumulada durante el secuestro del pesquero, comparecieron los alcaldes de Santurtzi y Mundaka, Ricardo Ituarte y Unai Rementeria, respectivamente; Xabier Anuzita, edil del consistorio de Bilbo; y el presidente de la gestora que gobierna Ondarroa, Felix Aranbarri. Y lo hicieron para cargar contra la gestión que durante los 47 días de cautiverio han protagonizado los Gobiernos de Madrid y de Lakua, que calificaron de «improvisada y nesfasta». «Han actuado con una absoluta falta de sensibilidad y un profundo desprecio», criticaron sin contemplaciones.

Los cinco mandatarios locales, todos ellos del PNV, expresaron en primer lugar su satisfacción por el final «de la angustia» derivada de una crisis que se ha prolongado durante más de mes y medio y su disposición a ayudar a las familias «en todo aquello que esté en nuestra mano».

Hecha esta introducción, y tras señalar que «hasta ahora, y por respeto a las familias, nos hemos mantenido en silencio a la espera de los resultados», consideraron necesario hacer una valoración «responsable, crítica y consecuente» del modo en que se han desarrollado los acontecimientos, «con objeto de que no se vuelvan a cometer los mismos errores».

En primer lugar, denunciaron «el desamparo absoluto» al que a su juicio han sido sometidas las familias de los arrantzales vascos, quienes «sólo han tenido acceso a una información sesgada y parcial del devenir de este secuestro». A este respecto, aseguraron que el papel de los ayuntamientos ha sido el de «acicate institucional», tanto del Gobierno español como del autonómico, al objeto de lograr información para las familias, una labor en la que, insistieron en la crítica, «no hemos encontrado más que indiferencia y desprecio por parte de ambos gobiernos». «Desprecio por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y desprecio por el más cercano, y por ello aun menos explicable y más doloroso para nosotros, el Gobierno vasco presidido por el lehendakari López» agregaron. Acusaron a continuación al inquilino de Ajuria-Enea de preferir «intentar tapar y justificar la nefasta gestión del Gobierno español, a ponerse a la cabeza de las reivindicaciones, deseos y necesidades de las familias de los arrantzales y de la inmensa mayoría de la sociedad vasca».

«Desamparo institucional»

En segundo lugar, los ediles de estas cinco localidades vizcainas aseguraron haber sufrido un «idéntico desamparo institucional» e «idéntica soledad» por parte de los representantes gubernamentales, y señalaron que «parece que, como representantes directos del pueblo y como instituciones más cercanas a la ciudadanía, no teníamos derecho». «Durante el transcurso de este lamentable episodio no hemos recibido ni una llamada, ni hemos mantenido una reunión con representantes del Gobierno español, la Subdelegación del Gobierno, ni del propio Gobierno Vasco, a excepción hecha de la reunión, que a iniciativa de estos alcaldes que hoy estamos aquí, se instó a mantener con la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu», exlicaron.

Siguiendo con su exposición, afirmaron que fueron también los consistorios quienes exigieron mantener una reunión con Lakua el jueves 5 de noviembre, ante la «indefensión» que vivían las familias -fue el día en que los piratas amenazaron con matar a tres tripulantes si no se liberaba a sus dos compañeros-, y censuraron que a pesar de ofrecer una «colaboración absoluta» a ambos ejecutivos, «ni antes ni después se han vuelto a producir conversaciones».

En contraposición a esta situación de «nula colaboración e información», situaron lo ocurrido con los ayuntamientos gallegos que, según relataron, han recibido información constante desde la Mesa de Crisis constituida por el Gobierno gallego, de la que los propios consistorios han formado parte. «Mesa e información de primera mano que los ayuntamientos aquí hoy representados hemos echado de menos y que entendemos que viene dado principalmente por el no saber hacer y la continua improvisación de los Gobiernos español y vasco, las permanentes sombras que han existido en el proceso».

Antes de concluir, los representantes municipales hicieron responsables a ambos gobiernos de permitir «la innecesaria prolongación de la crisis hasta términos insoportables para la integridad física y psíquica de las víctimas y sus familias».

Ares defiende al Gobierno

En la rueda de prensa de Bermeo no participó José Luis Marcos Merino, alcalde de Sestao, donde también reside un tripulante del «Alakrana», ya que a su juicio el propósito de la misma era «utilizar esta situación para hacer campaña política». «Una vez producida la liberación, nuestra labor ha terminado» sostuvo el edil sestaoarra del PSE en un comunicado.

Desde el mismo partido, Rodolfo Ares, consejero de Interior y coordinador del Gobierno de Lakua, salió en defensa de la actuación del Gabinete de Patxi López. En una comparecencia celebrada en Gasteiz, Ares aseguró que el Ejecutivo autonómico ha informado a las familias «desde el primer momento», aunque desde «la discreción» y siendo «rigurosos».

«El Gobierno vasco, a través de su gabinete de crisis, y más concretamente, a través de la consejera del ramo correspondiente de Pesca, Pilar Unzalu, hemos mantenido permanentemente informados, primero a los familiares, segundo a los responsables de la empresa, y también a los alcaldes con los que ha habido algunas reuniones», sostuvo el hombre fuerte de Patxi López, en contraposición a lo denunciado por los alcaldes y, en su día, por los allegados de los marineros.

También argumentó que «lo que este Gobierno no podía hacer era trasladar especulaciones, sino que debíamos ser rigurosos, discretos y lo más eficaces posible en la información a trasladar a los afectados».