Gracias a que un CDN resentido tras ser expulsado del Gobierno hizo valer su voto en la Mesa del Parlamento, prosperó una moción de NaBai para que Amnistía Internacional tuviera la oportunidad de reclamar a la Cámara que tome medidas para acabar con la impunidad de la tortura en el Estado. Fue ayer tarde, en una reunión con la comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional.

Esteban Beltrán entró en el Parlamento acompañado por la encargada de relaciones del grupo en Nafarroa, Marian Martín. Allí, expuso a los parlamentarios los informes «Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación» y «La sal en la herida. Impunidad policial». Sirvió para demostrar con datos a los 14 parlamentarios (de los 50 que tiene la Cámara) de esta comisión que el Estado tiene el «régimen de incomunicación más duro de Europa» y que eso ha provocado que la tortura se convierta en «un asunto serio». Aunque sostuvo que ésta no es sistemática, resaltó que las denuncias son «consistentes, sostenidas y persistentes» y que el sistema goza de impunidad bajo «el agujero negro de la incomunicación».

«Políticos y medios deben desquitarse de esa idea de que todos los detenidos de ETA tienen como consigna denunciar», manifestó Beltrán. «Eso ocurre, las denuncias están ahí, pero es obligación de la Administración investigar todas esas denuncias, esto no es opcional».

Desliz de la diputada del psn

Parte del discurso de Beltrán se atragantó a los parlamentarios de UPN y PSN presentes en la comisión. En el turno de UPN, Concepción Mateo dijo compartir parte del informe, pero evitó entrar en más polémicas. Sin embargo, la diputada María Victoria Arraiza, en su turno de réplica, recibió la respuesta más contundente por parte del máximo representante de AI. La representante del PSN intentó negar la existencia de impunidad en el Estado, lo que no sentó demasiado bien a Beltrán, quien decidió zanjar el asunto de forma contundente: «Impunidad hay, por eso estoy aquí, porque hay que tomar medidas». Además, lanzó un mensaje claro: «Nuestra experiencia nos dice que AI es estupenda siempre que no hable de tu propio país. Si damos información con rigor en China, ¿por qué piensan que no vamos a darla aquí? ¿Por qué cuestionan nuestro rigor?»

Las palabras de Beltrán calaron mejor fuera del bloque UPN-PSN. Paula Kasares (NaBai) suscribió el discurso del defensor de los derechos humanos, al igual que Ana Figueras (de IUN), quien admitió que los informes «generan desasosiego» y asumió la necesidad de «enfrentarse a ese problema». Por parte de CDN, fue Juan Cruz Alli el encargado de intervenir y también se mostró favorable a todas las iniciativas presentadas por Beltrán, hasta el punto de comprometerse a estudiar, junto a NaBai y IUN, la presentación de una moción en la que el Parlamento navarro inste al Congreso a seguir las recomendaciones de la organización de Beltrán.

El veto fallido

El responsable de Amnistía Internacional no quiso valorar los intentos de PSN y UPN de vetar la comparecencia, alegando que «hemos estado en el Parlamento y hemos podido hablar. Nosotros vamos a los lugares donde pensamos que debemos estar y a donde nos invitan. Aquí hemos venido invitados, pero lo único que importa es ver qué pasa a partir de ahora». Beltrán avanzó que en las próximas dos semanas se verá si sus peticiones prosperan y afirmó que «si en algo somos especialistas en AI es en perseguir a gobiernos y parlamentos».

Martín y Beltrán salieron bastante ilusionados de su reunión. Se afirmó que hay puntos suficientes como para comenzar a trabajar, aunque se restringió el campo de estudio a las garan- tías para los detenidos, como instalación de cámaras de seguridad o la asistencia de forenses sin coacciones policiales.

Amnistía Internacional realizó una serie de recomendaciones adaptadas a la realidad navarra. Pidió a los diputados que instaran al Congreso la abolición de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que amparan la incomunicación: 509, 520 bis y 527. Asimismo, recomendó a Nafarroa que exija a Madrid el derecho de los detenidos a un abogado y un médico de su elección y la posibilidad de dar a conocer a un familiar el lugar y el hecho por el que ha sido arrestado. Además, recomendó la instalación de cámaras de vigilancia en todas las comisa- rías de la Policía Foral.