El Club Financiero de Bilbao contó ayer con la presencia del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Gasteiz, Carlos Aguirre, quien examinó la situación económica, que anticipó el pasado lunes. Aventuró una salida «pausada» de la crisis que, a casi nadie de los empresarios, directivos de los bancos y compañías financieras, pareció preocuparles. La incógnita más importante para tan distinguidas personalidades no se situó en si ha cambiado el rumbo de la crisis o que en un año se hayan perdido 95.700 empleos en Hego Euskal Herria, sino que se centró en determinados cambios normativos que se van a producir en el pago de impuestos. El acuerdo de las haciendas forales sobre las Sicav les trae por la calle de la amargura.

La Hacienda de Gipuzkoa ha eliminado el Impuesto de Patrimonio -como antes ya hicieron Bizkaia y Araba- a cambio de elevar los impuestos a las sociedades de inversión utilizadas por las grandes fortunas (Sicav) del 1% que pagan en la actualidad a hacerlo como el resto de compañías, al 28%, aunque la realidad es que lo hacen al 17%. Ese cambio no permitirá que se llenen las arcas de impuestos. Pero sí ocurre que en plena crisis, las tres haciendas forales perdonan impuestos de patrimonio por 300 millones.

Tampoco importaba eso a quienes se citaron en el Club Financiero de Bilbao. Querían saber qué iba a hacer el Gobierno de Gasteiz para resolver esa situación de las Sicav. Algunos medios de comunicación alineados con esa tesis ya han resuelto que si no hay una marcha atrás, la desaparición de la plaza financiera de Bilbo estaría más cerca. No dijeron eso con tanto furor cuando la Bolsa de Bilbao se integró en un grupo que tiene su sede en Madrid; cuando Uno-e, sociedad dependiente de BBVA, trasladó su centro de operaciones de la Bolsa de Bilbao a la de Madrid, o cuando se ve al BBVA que cada vez está más cerca de situar en el Paseo de la Castellana su residencia fiscal, en vez de la plaza de Bilbo que está desmantelando. Todo esto ocurre en un mercado globalizado, cuyos principales actores e impulsores fueron los especuladores financieros y las grandes fortunas.

El consejero Carlos Aguirre transmitió a los comensales tranquilidad, porque dijo que «se están analizando fórmulas» a través de enmiendas en las Juntas Generales para evitar lo que él consideró un problema: «la doble imposición», si sale adelante el cambio en las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav). Dijo que «el acuerdo en esa materia es político, entre partidos políticos y, por tanto, tiene consideraciones políticas» y avanzó que su «arreglo» debe producirse en las Juntas Generales.

Sin embargo, reconoció que ese cambio impositivo no preocupa a las haciendas forales por el volumen que puedan recaudar. Con datos del Banco de España aseguró que de las 3.290 Sicav que hay en el Estado español, 93 sociedades están adscritas al régimen fiscal vasco, aunque operan unas 220 en total, «con lo cual hay ciento y pico que trabajan aquí, pero no tienen domicilio fiscal aquí», preciso. Siguiendo con los datos del Banco de España, el consejero dijo que «la repercusión en coste financiero» del conjunto de las Sicav en el Estado español rondaría los seis millones de euros, «con lo que la repercusión fiscal a las arcas vascas no llegaría a 160.000 euros. Es lo que tributan. No sé de qué estamos hablando», dijo un poco malhumorado por el cariz de las preguntas y comentarios que se escucharon.