En junio de 2007, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se pusieron de acuerdo en una nueva reforma de los tratados, el Tratado de Lisboa. Uno de sus puntos estrella era la creación de un nuevo cargo, un presidente permanente del Consejo Europeo, que presidiría las cumbres europeas y reemplazaría el actual sistema de presidencias semestrales rotatorias del Consejo de Ministros. Sin embargo, las bases legales recogidas en el Tratado eran tan ambiguas que han llevado, finalmente, al caos. Es probable que hoy comience a despejarse el panorama, con la designación del presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como del nuevo secretario general del Consejo.

Pero la elección del nombre y su perfil no aclararán todas las dudas sobre las funciones concretas del puesto de presidente del Consejo Europeo. Como ya hemos explicado durante estos días, la cuestión no es a quién eligen, sino para qué.

Lo que ayer sabíamos era que no había consenso para designar a los nuevos altos cargos. Pero esto es lo que se nos dice, y lo normal es que no nos creamos nada de lo que afirman públicamente. El proceso de elección es secreto y los nuevos cargos nacerán, como tantas otras veces, con un manifiesto déficit democrático; el Tratado no concreta el perfil del cargo; y los intereses en juego son tan diversos que puede pasar cualquier cosa. Podemos pensar, por ejemplo, que el caos que se transmite es real, aunque bien pudiera ocurrir que todo esté atado y bien atado. Hoy sabremos (se supone) si la batalla que auguran Polonia y algunos «pequeños» es puro teatro o algo más. Esta noche sabremos si las reglas comienzan a cambiar en el seno del Consejo Europeo y si está surgiendo una nueva correlación de fuerzas frente a los «grandes». Francia y Alemania llevan semanas advirtiendo que ya tienen candidatos y que los defenderán con vigor. Otros, en cambio, han criticado con aparente rotundidad tanto el supuesto directorio franco-alemán como el carácter secreto de esta negociación. Y en los últimos días ha surgido con fuerza el factor del género.

Hoy comprobaremos hasta dónde llegan las asperezas y si estamos ante otra noche de cuchillos y navajas tipo Niza. O si, una vez más, hemos asistido a un ensayo de una obra de teatro.

Un presidente poderoso, o un secretario. Sobre este dilema se ha escrito mucho. En realidad, no hay tal dilema, puesto que no estamos hablando, en ningún caso, de un presidente de la Unión Europea. De lo que se trata es de elegir a una persona que sirva para engrasar los trabajos (previos, sobre todo) del Consejo Europeo y de dar coherencia y continuidad a esa labor. Pero, sobre todo, se trata de diluir (aunque sin eliminarlo) un sistema de presidencias rotatorias absolutamente ineficaz y obsoleto, especialmente en una Unión con tantos socios. El modelo semestral no da tiempo suficiente para «personalizar» la presidencia y su balance final casi siempre depende de la capacidad de liderazgo y de trabajo del gobierno al que toque la responsabilidad; y también de su mayor o menor grado de europeísmo y de su estabilidad (en ambos aspectos la República Checa, con crisis de Gobierno a mitad de presidencia incluido, fue un desastre para la UE).

La Unión, sobre todo, necesita mayor eficacia y rigor, incluso para controlar los gastos originados por las presidencias, de modo que no venga el Sarkozy de turno a vaciar las arcas...

Gastos «indecentes». Y es que el «caso Sarkozy» merece un punto aparte, y enseguida comprobarán por qué.

En seis meses de presidencia, el Gobierno de Nicolas Sarkozy gastó 171 millones de euros; es decir, un millón de euros al día, como viene recogido en el pertinente informe de la Corte de Auditores. Un gasto, sin duda, «indecente», como denunció la oposición francesa.

Entre las extravagancias más costosas figura la organización de la cumbre euromediterránea, una obsesión de Sarkozy que costó a la Unión 17 millones de euros (la cena, según las facturas auditadas, se pagó a 5.050 euros por cabeza).

Un puesto cargado de falso simbolismo. Retomemos el hilo. El término «presidente del Consejo Europeo» será fácilmente convertible en los medios de comunicación en «presidente europeo» o «presidente de la Unión Europea». Y esto sucederá de modo inconsciente o consciente, pero es seguro que la UE lo fomentará de modo interesado. Y no porque sea cierto (para ello debería politizar el cargo, y darle visibilidad y poder ejecutivo), sino porque le interesa aparentar que con estas novedades acerca el «objeto político no identificado» que es la UE a los ciudadanos. Así, el Consejo Europeo, a través de su presidente, podría atribuirse a sí mismo un rol simbólico de autoridad moral y de garante de la unidad de los estados en el seno de la Unión Europea. Esto se menciona así abiertamente en los pasillos, y hay muchos que piensan que esta es la principal virtud del puesto de presidente del Consejo Europeo, que servirá para vender una idea, aunque ésta sea básicamente falsa.

Pero no nos engañemos, este presidente no será motor de la integración europea. Sólo una persona con un perfil político y de estadista europeo muy marcado podría darle esa característica, y nada apunta a que esta noche vayan a designar a alguien así (en realidad, tampoco existe, actualmente, nadie así). Además, exigiría un paso previo: que la Unión Europea tenga la voluntad de profundizar su modelo de integración hacia una unión más política, y tampoco es el caso.

Más burocracia. El Consejo Europeo no era, hasta ahora, una institución en sí misma. Se denominan así las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen cuatro veces al año (marzo, junio, octubre y diciembre), más las cumbres informales o extraordinarias que puedan convocarse (como la de hoy). Ahora, el Tratado de Lisboa le concede carácter de institución (en virtud del Artículo 13), aunque esto no le confiere ninguna misión ni característica añadida.

Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo tendrá que contar con un equipo propio, lo que aumentará un poco más el enorme aparato burocrático comunitario. Y lo hará sin eliminar totalmente el sistema de presidencias rotatorias (como apuntamos en el despiece de la siguiente página), lo cual quizás sea lógico en una fase inicial (hasta que el «nuevo» le tome el pulso al puesto), pero incomprensible en un planteamiento a medio plazo.

El nuevo presidente tendrá que coordinarse con la Comisión Europea, el Parlamento, el nuevo secretario general adjunto al Consejo y con el Gobierno que asuma la rotación de las presidencias de los consejos de ministros (excepto el de Asuntos Exteriores, que controlará el Alto Representante).

Pero es que, además, el Tratado de Lisboa ha creado una especie de triunvirato de cara a la escena internacional, que contribuirá a aumentar la sensación de que se está incrementando el aparato burocrático sin mucho sentido.

Los riesgos. Este triunvirato es el formado por el presidente del Consejo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el presidente de la Comisión Europea, celoso del empuje con el que llegan los dos anteriores. Y a estos habrá que sumar a las todavía más celosas presidencias rotatorias rebajadas, al menos hasta que los Veintisiete se acostumbren a trabajar y a funcionar con un presidente del Consejo Europeo.

Pero el principal problema del triunvirato es que el Tratado de Lisboa no aclara suficientemente quién ostenta realmente la representación exterior de la Unión. En política exterior se supone que el Alto Representante; pero el Tratado también otorga esa facultad al presidente del Consejo Europeo, y sabemos a ciencia cierta que Durao Barroso quiere que los dos elegidos sean de perfil bajo para que no le hagan demasiada sombra a él y a su equipo.

Aunque, conociendo a la Unión Europea, lo más probable es que la indefinicion de los tratados en esta cuestión sea premeditada. Por una parte, porque ni ellos mismos están convencidos del paso que dieron al oficializar el cargo de Solana y crear el de presidente. Y, por otra, porque quien sigue ostentando la representación final de su política exterior son los propios estados. Hay y habrá acciones comunes; hay y habrá, incluso, despliegues militares comunes (o casi, salvo los declaradamente neutrales); pero los estados siguen sin ceder la soberanía total de su política exterior. Esto es una obviedad para cualquiera que haya seguido el desarrollo de los grandes conflictos internacionales de la última década, y las diferentes posiciones mantenidas por los estados en el seno de la Unión.

Sea como fuere, el triunvirato más los estados pueden llevar a la UE a situaciones de descoordinación y falta de eficacia, precisamente lo que aseguran querer solucionar. Aunque quizás no tenga tantas cabezas como las atribuidas en la mitología griega, hay quien habla ya de Hidra para referirse a esta proliferación de altos cargos con funciones a veces compartidas.

El tópico: ¿cuál es el número de teléfono de la UE? Surge entonces, casi de forma inevitable, la tan manida cuestión de si, por fin, la UE tiene ya un número de teléfono para atender a Obama o a Medvedev en casos de crisis. La respuesta es no. ¿Para qué va a llamar nadie al presidente del Consejo Europeo o al Alto Representante en una situación de crisis si ninguno de los dos (mucho menos Barroso) puede tomar una decisión ni ejecutar nada sin consultarlo con los estados?

Conclusión. Con estos cargos la UE busca legitimidad, eficacia y visibilidad. Vayamos por partes.

- ¿Ganará legitimidad? No. Todos los altos cargos que serán designados esta noche nacen lastrados por un déficit democrático obvio: no son elegidos por los ciudadanos. Además, surgen de un tratado tan ilegible y alejado de los ciudadanos como los anteriores.

- ¿Será más eficaz? En términos de gestión, es una incógnita. Mientras no clarifiquen las funciones -incluido el futuro de las presidencias rotatorias- primará la sensación de que han creado más monstruos burocráticos sin la garantía de que serán capaces de combatir los fantasmas de la falta de unidad y homogeneidad inherentes a una Unión de 27 estados.

- ¿Ganará visibilidad? Sólo si la UE se decide a politizar esos cargos. La pregunta es: ¿ayudan esos cargos a saber qué es y a dónde va la Unión Europea? No.

Una vez más, la UE plantea casi más preguntas que las respuestas que ofrece.