«Con el acuerdo de la mesa general, Patxi López gana, y el sindicalismo vasco pierde en correlación de fuerzas para impulsar un cambio social a través de un cambio del sector público», así se expresó Arantxi Sarasola, responsable de la Federación de Servicios Públicos de LAB, cuando valoró ayer la firma de ELA, CCOO y UGT del convenio para la Administración General dependiente del Gobierno de Gasteiz. Para LAB, la firma del sindicato que lidera Adolfo Muñoz, «Txiki», es «inexplicable e inconsecuente con una ofensiva sindical a favor de la redistribución de la riqueza, la defensa y desarrollo de los servicios públicos de calidad y la creación de empleo público».

A juicio de Sarasola, desde hace muchos años algunos sindicatos, entre ellos LAB, «hemos denunciado la escasa capacidad de negociación colectiva de los trabajadores de la Administración y los servicios públicos vascos» porque las decisiones básicas se adoptan en Madrid. La secretaria de la Federación de Servicios Públicos indicó por otro lado que «la experiencia nos demuestra que lo habitual es que no se cumpla lo pactado». Pone como ejemplo que el acuerdo cerrado esta semana recoge «la reducción de la interinidad hasta el 8%, porque tras el acuerdo de 2005, no se había cumplido». Anticipa que desconoce si el Gobierno de Patxi López hará también eso, pero advierte que las políticas que están poniendo en marcha favorecen a la élite económica, no a los trabajadores. Ese eje, a juicio de LAB, es el que «ha condicionado la negociación colectiva en los años anteriores y en la presente. Ha habido alternancia en el Gobierno de Gasteiz, pero ningún cambio en las políticas más allá de las formas», como explicó la responsable de la Federación de Servicios Sociales.

LAB asegura que nuestra postura «ha sido no de reducir los presupuestos públicos, sino de hacer un esfuerzo extraordinario para desarrollar los servicios públicos, garantizar los derechos sociales y crear empleo público, para equipararnos a la media de gasto social e intervención europeos».

Según esta central, el acuerdo es «más de lo mismo que el que CCOO y UGT firmaron en 2005. Si entonces no valía, menos vale ahora». En materia salarial dice que «es Madrid quien ha decidido, ni resuelve la desigualdad de las categorías bajas».

«Han dado oportunidad a que los políticos hagan campaña de imagen creando falsas expectativas de entrar en la Administración a miles de opositores», dijo.