Juanjo BASTERRA I

La renta básica de ciudadanía y de carácter universal está contemplada como «un ingreso pagado por el Gobierno de una comunidad política a cada miembro de pleno derecho de la sociedad», como recogen sus precursores. Todavía suscita mucho debate social, ya que tiene sus defensores y detractores, pero muchas aristas para su puesta en marcha. En el Estado español se creó hace seis meses una subcomisión en el Congreso de los Diputados para discutir su idoneidad o no, pero todavía nadie ha movido un dedo para iniciar el debate y tramitación, como reconoció Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Renta Básica. Dijo que «la derecha y la izquierda apoyaron la iniciativa, unos para desprestigiar y zanjar el debate de su implantación, otros para salir del paso y, los menos, para avanzar hacia una construcción más justa del modelo social».

Desde el jueves, con una vídeoconferencia con Pablo Yanes, secretario de Desarrollo Social de México DF, se inició el debate en Bilbo, organizado por la UPV-EHU y el Consejo de la Juventud. Durante la jornada matinal de ayer, quedó claro que la instauración de ese ingreso universal por el hecho de ser ciudadano es necesario «en tiempos de crisis o con bonanza económica».

Raventós destacó, en este caso, que «si es buena en tiempos de bonanza económica, en tiempos de crisis es buenísima». Para él, se tendría que financiar por medio de impuestos a las rentas más altas, aunque admitió, después de los elevados desembolsos públicos hacia la banca y la élite económica durante la actual crisis, que esa preocupación de quienes no aceptaban la misma por su coste económico, «debería desaparecer, una vez que hemos visto lo que está ocurriendo en esta crisis, con este trasvase de dinero público a bancos y grandes empresas para afrontar la misma. Dinero hay».

Daniel Raventós citó directamente a Dean Baker, que recientemente publicó un trabajo en la revista «Sinpermiso» en la que habla de «la necesidad de establecer un impuesto sobre las transacciones financieras» especulativas en torno al 0,25%, lo que permitiría a Estados Unidos ingresar unos 140.000 millones de dólares extras a la recaudación por esa vía, lo que supone el 1% del PIB.

Garantías

Defendió la necesidad de ponerla en marcha en cualquier país, aunque habría que discutir su cuantía. Su percepción permitiría, a modo general, a cada trabajador no estar pendiente de un hilo en su puesto de trabajo y sometido a la presión del jefe, también permitiría trabajar en trabajos sociales o, simplemente, no trabajar, si uno se conforma con esa cantidad. En Alaska existe una renta básica desde hace más de 25 años y «si, al principio, algunos no le veían sentido, en la actualidad a nadie se le ocurre retirarla. Aquello es Estados Unidos», precisó.

Daniel Raventós recordó, transmitiendo el mensaje de Pablo Yanes, que en México se instauró una pensión ciudadana para los mayores de 70 años, que ha evolucionado y ahora es un derecho de quienes tiene 68 años. En este momento, «la pensión de ciudadanía la perciben 470.000 mejicanos. Es universal y sólo se exige tener el requisito de ciudadanía mejicana tres años antes». En Argentina se trabaja también un proyecto, así como en Bolivia y en otros países. «En América Latina el derecho universal está contemplado mejor que en otros países de Europa y América». En el encuentro, durante la mañana, también participó Yannick Vanderborght, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica. Puso sobre la mesa la crítica de que en países de esa zona, las organizaciones sindicales son también reticentes a la renta básica de ciudadanía, porque, según expresó, con su instauración cada trabajador negociaría de forma individual con el empresario unas condiciones adecuadas para él. Sin embargo, algunos de los intervinientes recordaron que dentro de la Red de Renta Básica está ESK.

También intervino José Luis Rey, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, que trató más sobre la necesidad de garantizar el derecho al trabajo y el empleo de calidad. Es partidario más que de instaurar un derecho a la renta básica, «fijar una garantía sobre la misma». A su juicio, un derecho «es difícil de modificar, sí se puede hacer con una garantía».