Ayer, de nuevo, el Comité contra la Tortura de la ONU reclamó al Estado español la abolición del régimen de incomunicación que aplica a los detenidos y el escrupuloso respeto a sus derechos: a designar un abogado de confianza, a ser visitado por un médico de su elección, a que su familia sea informada de la detención y del lugar en que se halle en cada momento, y a entrevistarse en privado con su abogado. Una petición clara y concisa que, sin embargo, Madrid ignora de forma sistemática año tras año. Una petición que también han realizado, en los mismos términos y con idéntico resultado, otros organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o Human Rights Watch.

El Gobierno español no duda en utilizar hasta la saciedad aquellos pronunciamentos de instancias internacionales que sirven para apuntalar su política, especialmente en lo que se refiere a Euskal Herria. La sentencia de Estrasburgo sobre la Ley de Partidos es prueba palmaria de ello. Sin embargo, cuando esas mismas instancias se dirigen al Estado para criticar severamente su gestión en una materia tan sensible como los derechos humanos, responde con evasivas o declaraciones de cara a la galería que, finalmente, nunca se traducen en medidas concretas. Al contrario.

La verdadera voluntad del Ejecutivo español queda en evidencia cuando, tras firmar el Protocolo contra la Tortura de la ONU, se ha visto en la obligación de crear de un organismo especial, denominado Mecanismo Nacional contra la Tortura, con plenos poderes en la materia y labores a realizar como presentarse sin avisar en los centros de detención. Que la función se haya hecho recaer en la oficina de Enrique Múgica Herzog, de sobra conocido en Euskal Herria por su parcialidad política, dice mucho sobre la necesidad de Madrid de intentar justificarse ante el mundo en este terreno, y, a la vez, de tratar de tomarle el pelo de la manera más flagrante.