Oihana LLORENTE I

Las elecciones municipales de 2007 supusieron un verdadero vuelco en Legorreta. Este municipio dejó de ser feudo jeltzale para optar por un ayuntamiento de izquierdas y abertzale. Han pasado más de dos años desde entonces, en los que el grupo del PNV se ha dedicado a poner en entredicho todas y cada una de las decisiones del nuevo consistorio. Primero difundió una supuesta subida de sueldo del alcalde, Iñaki Oiarbide, y después llevó al regidor a juicio acusándolo de un presunto pago ilegal a un asesor. Los juzgados dieron la razón al Ayuntamiento con contundencia, hasta el punto de que el PNV ni siquiera recurrió el fallo.

Desde que Oiarbide tomara posesión de su cargo, la participación ciudadana en la gestión municipal ha estado al orden del día y se han introducido políticas de integración para emigrantes y de igualdad entre mujeres y hombres como preocupaciones municipales. Sin embargo, el mayor escollo encontrado por Oiarbide y su corporación han sido «el agravio y la permanente ofensa» dirigida desde el PNV, tal y como subraya a GARA el propio primer edil.

Con el anterior alcalde y actual concejal del PNV, Xabier Iraola, a la cabeza, la formación jeltzale ha hecho llegar en repetidas ocasiones y a todos los hogares legorretarras octavillas contrarias a la gestión municipal. En ocasiones estos rumores, además de convertirse en tema de dura controversia entre los escasos 1.500 vecinos con los que cuenta el municipio, han llegado a manos de agencias y medios españoles que los han utilizado contra la izquierda abertzale.

Tras dos años de silencio por parte de la izquierda abertzale, en noviembre ha llegado la gota que ha colmado el vaso y es que un nuevo panfleto jeltzale ha acusado al nuevo ayuntamiento de «dar acomodo por primera vez en la historia del municipio a la corrupción», sin dar mayor detalle de tan grave acusación.

Iñaki Oiarbide subraya que no da crédito a esta actitud y ha invitado a los concejales jeltzales a acudir de manera inmediata a los Juzgados de Tolosa para depurar así responsabilidades. Un paso que está convencido que no dará el PNV al no tener elemento alguno que sustente sus tesis.

Pero la sorpresa ha venido ahora de la mano de la izquierda abertzale, y es que tras largos meses de aguantar todo de tipo de calumnia, ha sido ella quien ha tomado la sartén por el mango y ha decido acudir a los tribunales para denunciar a su acusador: el anterior alcalde del PNV Xabier Iraola.

La punta del iceberg

El pasado 22 de octubre Iraola tuvo que sentarse por primera vez en el banquillo de los imputados por una imputación de «prevaricación y expropiación ilegal». El que fuera alcalde de Legorreta y a su vez coordinador del sindicato agrario ENBA está acusado de «expropiar ilegalmente» los terrenos del caserío Mujuri para desarrollar las obras de acondicionamiento del parque Kuttumurruka. Después de diversas e infructuosas negociaciones con los baserritarras, según la denuncia, el que fuera alcalde de Legorreta se hizo con los terrenos que buscaba partiendo en dos las tierras de este caserío.

Pero mientras que este proceso sigue su curso, la moción presentada y votada ayer en el consistorio ha dado a conocer una nueva irregularidad de la gestión jeltzale. Y es que se subraya la coincidencia de que durante dos largas legislaturas, desde el año 1999 hasta 2007, todas y cada una de las pólizas de seguro contratadas por el Ayuntamiento provienen de una aseguradora en la que trabajaba Juan Antonio Garin, concejal del PNV.

La izquierda abertzale está convencida de que esta operación es constitutiva de un delito de «prevaricación y tráfico de influencias», por lo que en la moción presentada ayer, además de exigir la dimisión de tres de los concejales del PNV, se le otorgan al alcalde los poderes necesarios para que acuda a los tribunales a presentar denuncia. Un hecho que Oiarbide no va a dudar en hacer, según manifiesta.

Afirman además que estas dos actuaciones del PNV sólo constituyen la «punta del iceberg». Como ejemplo, un comunicado emitido por la izquierda abertzale legorretarra da a conocer datos como que el anterior alcalde se embolsó 7.155 euros en concepto de comidas, y le acusa además de adjudicar a dedo contratos municipales a simpatizantes del PNV por cantidades que no se correspondían a este tipo de contratos.

El hartazgo de la izquierda abertzale ante las infamias del PNV le ha llevado a indagar y abrir una caja de Pandora que no parece de interes jeltzale.