El «escándalo monumental» que el colectivo Altaffaylla descubrió de forma casual a principios de 2007 ha dado finalmente título a un libro de 320 páginas que recoge de forma pormenorizada todos los bienes que la Diócesis de Iruñea ha inmatriculado entre 1998 y 2008. Esta obra fue presentada ayer en la capital navarra por varios de sus autores, entre los que se encuentran historiadores, juristas expertos en la materia e incluso sacerdotes y ex sacerdotes.

Pedro Cabodevilla, presidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, explicó que esta obra aborda la privatización del patrimonio navarro desde los puntos de vista histórico, jurídico y moral. También constató que el arzobispado se ha limitado a decir que esos bienes son suyos «desde tiempo inmemorial», argumento que ha sido rebatido y ampliamente documentado por historiadores y abogados navarros.

José Mari Esparza, coordinador de la obra, destacó que 117 ayuntamientos y concejos de Nafarroa se han adherido «por ahora» a la Plataforma, hecho insólito en la historia reciente de este herrialde, y añadió que algunos pueblos todavía no lo han hecho porque no se ha abordado el asunto en el pleno municipal o porque «todavía no se lo creen».

Frente a la actual situación que se da en Nafarroa Beherea, donde las iglesias «pertenecen a la sociedad», Esparza recordó que en Nafarroa Garaia la mayoría de los lugares de culto fueron privatizados cuando Fernando Sebastián era obispo de Iruñea, y constató que «esos bienes se han utilizado históricamente para múltiples usos».

Asimismo, señaló que existe una tercera vía, la de quienes defienden que esos bienes pertenecen a las parroquias. «Nosotros no lo compartimos, pero es sintomático que muchos párrocos no estén de acuerdo con sus jefes», comentó Esparza.

La abogada Isabel Urzainki advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la legislación que permite a la Iglesia católica inmatricular estos bienes, en concreto el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. El historiador Mikel Sorauren agregó que «la Iglesia no puede reclamar lo que en origen no es suyo» y sostuvo que dichos bienes «tendrían que ser devueltos a sus auténticos propietarios».

En nombre de los doce primeros alcaldes que impulsaron la Plataforma, el alcalde de Uharte, Javier Basterra, acusó al arzobispado de «apropiación indebida» y criticó la «connivencia» entre la jerarquía de la Iglesia y «ciertos estamentos». Además, pidió a los partidos políticos que «se mojen» frente a lo que calificó de «crimen o delito económico», porque «muchas apropiaciones se han hecho a sabiendas de que están delinquiendo».

Los capítulos del libro llevan una titulación singular, con parábolas y referencias bíblicas, y concluye recordando que hay dos mandamientos que dicen «no robarás» y «no mentirás».