En un gesto tan inusual como significativo, doce periódicos catalanes -al que se sumaron otros medios de comunicación y agentes sociales- publicaron ayer un editorial conjunto en el que expresaban el sentir mayoritario de la ciudadanía catalana en vísperas de que el Tribunal Constitucional español dicte sentencia sobre el Estatut. Un acuerdo que, conviene recordarlo, ha sido refrendado por amplia mayoría en el Parlament de Catalunya, por las Cortes en Madrid y, lo que es más importante, por los ciudadanos catalanes en las urnas. Un texto que, como gráficamente expuso Alfonso Guerra, ya fue convenientemente «cepillado» por el Gobierno español, cercenando los acuerdos previos entre las fuerzas catalanas y obligando a Rodríguez Zapatero a romper la palabra dada al pueblo catalán.

Las reacciones al artículo mencionado no se hicieron esperar y pusieron en evidencia que muchas de las rémoras políticas y culturales que sugería el texto en cuestión no sólo son reales, sino que van mucho más allá. En general, la clase política española mostró una vez más su escasa cultura democrática. Las «fuerzas vivas» españolas, de entre las que destacan la derecha heredera del franquismo y jacobinos de todo corte y procedencia, no dudaron en atacar directamente la libertad de expresión. Por otro lado, el Gobierno español se mostró «respetuoso» con la opinión de esos medios. Nadie, sin embargo, quiso entrar al fondo del texto: el hartazgo de la sociedad catalana ante la falta de respeto por parte del Estado y la posición común de los agentes sociales para defender políticamente lo decidido por sus ciudadanos.

El editorial contenía otra reflexión relevante, al situar la sentencia como punto de inflexión entre «la aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de ésta». La nación española no está dispuesta a escuchar otra voz que no sea la suya, y su Estado está organizado para acallar toda voz distinta, divergente o disidente, más aún aquéllas expresadas en otra lengua. Por eso es importante que las naciones del Estado español, cada cual con su particular balanza de poder y desde sus aspiraciones, alcen su voz frente al muro constitucional.