La oposición en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se ha unido para reclamar la creación de una comisión de investigación que aclare las circunstancias que han rodeado un escándalo en ciernes: el envío de jugosas cantidades de dinero a, entre otros, un ente denominado Oficina de Hermanamiento Lasarte-Oria/Somoto que legalmente no existe. Las irregularides cometidas en este caso salpican al gobierno municipal y, principalmente, a la alcaldesa, Ana Urchueguía (PSE), que ha gestionado en los últimos años las «generosas» ayudas de forma personal.

Urchueguía ha tratado de descalificar la iniciativa de la oposición aludiendo al pretendido interés partidista de los denunciantes y afirmando que todo responde a «una estrategia de acoso político y personal desde hace varios años porque no aguantan que haya ganado elección tras elección». Olvida, o peor aún, omite la alcaldesa que ha sido el propio interventor del Ayuntamiento, el máximo responsable de las cuentas locales, quien ha iniciado un proceso de fiscalización de los proyectos presentados a partir del ejercicio 2005 en relación con las subvenciones otorgadas a diversas entidades nicaragüenses. Dice que recibió de alcaldía información «con cuentagotas» y que la justificación de cuentas era «desordenada y poco clara». Suficientes inidicios para, por lo menos, comenzar a investigar.