Ser abogado defensor de un dirigente comunista en el Estado turco, digo, perdón, español, tiene que ser frustrante, porque ya sabes de antemano el fallo: la condena por ser comunista. Manuel Pérez Martínez, «Camarada Arenas», secretario general del PCE-R, vuelve a tener juicio político el próximo 3 de diciembre en la Audiencia Nacional, heredera del TOP a las semanas de ser disuelto éste en 1977.

No esperaron mucho para, siquiera, disimular. Hasta parece que, de alguna manera, se cohonestan estos juicios-farsa participando en ellos; pero, en este tinglado burlesco, hay que aprovechar cualquier resquicio aunque únicamente sea para desenmascarar el verdadero rostro de la II Restauración borbónica.

Pérez Martínez, un escayolista de profesión, qué vulgar, como el padre de Jesucristo, que era un puto carpintero, sin contar los años de prisión que purgó en Francia, también por la cara, está en Alcalá-Meco desde noviembre de 2000. El diario «El País», un rotativo de extrema izquierda como se sabe en los mentideros, publicó este titular por aquellas fechas: «La Policía no tiene datos para implicar directamente al Camarada Arenas en atentados». Se refería a atentados de los GRAPO y, en concreto, al secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón en 1995, y actualmente en paradero desconocido, al menos oficialmente.

La Audiencia Nacional (AN) lo absolvió -a Arenas- de cualquier responsabilidad en aquel secuestro. Pero los familiares de Cordón recurrieron la sentencia -un recurso de casación- ante el Tribunal Supremo (TS) que, esta vez sí, lo condenó por, agárrense, «comisión por omisión» (o sea, en román paladino, por no hacer nada), dizque por no haber evitado el secuestro.

Algo demencial y aberrante en jurisprudencia penalística. Por no hablar del Derecho Penal de autor, como viéramos en el obsesivo caso de Iñaki de Juana Chaos o ate usted esa mosca por el rabo luego de sacar el conejo de la chistera. Ciertamente ridículo y sonrojante para personas con dos dedos de frente, indiferentes o epicenas pero a las que no se les insulta a la inteligencia, aunque no pilla de nuevas a las personas toreadas.

Entremos ahora en su propio terreno procesal con la baraja marcada. El juicio del 3 de diciembre contra Pérez Martínez está planteado por el fiscal de una manera tajante y descomplicada: él es el jefe de los GRAPO. Una tesis que siempre les ha salido mal en la Audiencia Nacional, pero siempre tienen luego al Tribunal Supremo para inventar irracionales originalidades que causan el asombro -y el espanto- del mundo jurídico como, repito, esa joya que pasará al Aranzadi penal de la «comisión por omisión». En Euskal Herria sabemos algo de esto. No es ya el «entorno» de ETA, sino que puedes pertenecer a ETA... sin tú saberlo. O cómo comerse marrones sin cata ni cala. De risa si no fuera por la gravedad de la situación. Ya sabíamos que la «justicia» es de clase, pero ignorábamos a qué grados de molicie puede llegar la putrefacción.

Pero es que, además, en el colmo de la impostura jurídico-burguesa, la «comisión por omisión» era una respuesta a una pregunta ¡que nadie había planteado! A lo largo de todo el proceso. Por tanto, incumple el principio de congruencia procesal: entras acusado de una cosa y te condenan por otra distinta. Genial. Algo que no tiene precedentes.

Y ahora la guinda de este esperpento. Las únicas pruebas incrimanotorias son los informes de la Guardia Civil que, en tiempos de Franco, no valían como prueba y, qué cosa, ahora sí: son el non plus ultra de las pruebas y el acabóse. El CSI en acción.

Resumiendo: la Audiencia Nacional le absuelve -ya tendría que estar en la calle según sus propias leyes y más con las dolencias físicas que padece-, pero la familia de Cordón recurre y el Tribunal Supremo dice: no es el jefe de los GRAPO, de acuerdo, pero hay, adivinen, «comisión por omisión». Ancha es Castilla y viva la virgen.

Ya lo dijo la reina en «Alicia en el País de las Maravillas»: «Primero se condena al reo y luego se hace el juicio».