La plantilla de la empresa Atusa, de Agurain, apeló ayer a las instituciones a que «se pongan las pilas» frente a lo que consideran un intento de la dirección de deslocalizar la producción de esta planta, dedicada a la fabricación de piezas de andamios, accesorios de tubería, piezas de automoción y electricidad.

El comité de empresa insistió ayer en denunciar el tercer expediente de regulación de empleo que la empresa pretende aplicar a 200 empleados, así como las amenazas de despidos, a la vez que la producción se desvía a plantas de Bulgaria y China. Para los representantes de los trabajadores, la empresa quiere dejar su centro de Agurain como un mero escaparate o unidad comercial. El ERE tendría vigencia durante todo 2010.

Según los trabajadores, la empresa pretende deshacerse de noventa puestos de trabajo, pero lo quiere hacer poco a poco para evitar tener que presentar un ERE. Ahora plantea 30 despidos de forma inminente si no se acepta el ERE de suspensión.

Según el comité supone una coacción contra los trabajadores porque, además, los plantea con «causas objetivas», es decir con la mínima indemnización para los trabajadores. R ecordó que la plantilla ya se redujo de 370 a 340 trabajadores durante este año, pese a lo cual, la empresa sigue insistiendo en el excedente de mano de obra.

La más importante de la zona

Señalaron que la dirección viene utilizando este recurso a las amenazas de despidos en los últimos seis años, cada vez que se ha negociado un convenio o un ERE.

El comité insiste en demandar a la empresa un plan de viabilidad que, según denunció, rehúsa presentar. Además, recordó la importancia que Atusa para el empleo de la comarca, ya que se trata de la empresa más grande y de la que dependen otros empleos de forma indirecta. Los trabajadores se han reunido con representantes institucionales en el Ayuntamiento de Agurain y Juntas Generales de Araba y tienen solicitada una reunión con la consejera de Empleo del Gobierno de Lakua.

También recordaron que la empresa ha recibido subvenciones por parte de algunas instituciones, por lo que insistieron en reclamar su implicación en defender los empleos.

La Inspección de Trabajo ha entregado ya el informe sobre el expediente que ha planteado la empresa por lo que la resolución puede llegar en un plazo de quince días.