La detención de Ainhoa Bakedano a las puertas de la Audiencia Nacional cuando iba a comparecer voluntariamente ante el Juez que le había citado a petición propia, suena a celada. Es el colofón, por el momento, a la monumental redada dirigida por Grande Marlaska. Y digo de momento, porque, como gustan decir las fuentes policiales en este tipo de asuntos, la operación sigue abierta. Sorprendente el apresamiento porque si la finalidad de la detención es poner al acusado a disposición del Juez, no se acierta a comprender para qué se le detiene si con ello se impide, al menos momentáneamente, esa puesta a disposición.

Pero, si asombrosa resulta la detención en estas circunstancias, resulta del todo increíble que vaya seguida de la inmediata incomunicación y de la privación de derechos fundamentales que acarrea, entre ellos la designación de abogado de confianza. El apresamiento y posterior incomunicación se producen, además en el marco de unas diligencias en las que el juez ha denegado todas las peticiones de las familias de los arrestados para evitar los malos tratos, tales como la aplicación del protocolo para garantizar los derechos de los detenidos o el habeas corpus, del todo pertinentes si se tienen en cuenta las reiteradas denuncias por torturas en España, provenientes de diversos organismos internacionales. Además, más de uno de los detenidos que ya han comparecido ante el juez han denunciado haber sido víctimas de malos tratos, algunos, incluso, de marcado corte sexista y de violencia contra la mujer.

Esos mismos organismos vienen reiterando que la incomunicación es el caldo de cultivo que facilita la practica y la impunidad de la tortura. Por ello resulta muy difícil de explicar, a la vista de todas esas circunstancias, que se detenga y se incomunique durante días a una mujer que quiere declarar voluntariamente ante el juez, salvo que se pretenda alterar el resultado de la prueba por métodos poco ortodoxos desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos fundamentales, algo poco presentable en un Estado que se dice de derecho y que en estos momentos patrocina una campaña publicitaria para desterrar la violencia contra las mujeres.

Del auto de prisión, decir que los encarcelados fueron a la cárcel sin que se les notificaran los motivos. Ya se sabe: el secreto, que llega hasta que uno pueda ir a la cárcel sin que le digan por qué.

A los días conocimos el texto que ahora recurriremos. Nada nuevo. El habitual informe policial, que sirve para que el juez elabore su auto por el sistema de corta y pega. Entre las pruebas incriminatorias: haber participado en las fiestas de Porrontxos o en la de los Piratas, que fue elogiada por su organización por el alcalde de Donostia Odón Elorza, o tener en casa una carta remitida por una familiar encarcelada. Esta misiva se considera prueba muy destacada para justificar la prisión provisional. Increíble, pero cierto.