«Nuestro hermano murió aplastado por una roca de 800 kilos en las obras de la Supersur. Estaba trabajando en turnos de 12 horas 6 días por semana y se les había informado de que próximamente iban a trabajar siete días por semana, pocos días antes de que sucediera el accidente». Es el testimonio de Nagore y Unai, hermanos de Asier Irazabal Tamayo, el joven trabajador que perdió la vida en un accidente laboral ocurrido el 1 de diciembre del año pasado en las obras de construcción de la Variante Sur Metropolitana, proyecto que promueve la Diputación de Bizkaia.

Ayer comparecieron ante los medios de comunicación con el dolor grabado aún en sus rostros por la pérdida de un ser querido y por todo lo que ha rodeado el procedimiento que siguió al accidente. La última resolución al respecto es un fallo del Juzgado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que estima que no hay responsabilidades penales en el siniestro que acabó con la vida de su hermano.

Los hermanos Irazabal recordaron que el accidente «sucedió el 1 de diciembre de hace un año, en el frente de un túnel en construcción». Relataron que Asier se encontraba reparando el brazo de una máquina, en una zona sin asegurar, mientras los otros brazos de la misma máquina seguían golpeando la roca y, «por supuesto, sin desplazar la máquina a una zona mas segura».

Nagore y Unai insistieron en que aunque los despredimientos fueran imprevisibles, dos medidas podrían haber evitado el fatal desenlace y ambas se podían haber implementado. «El accidente se podía haber evitado simplemente desplazando la máquina unos pocos metros hacia una zona asegurada y parando su funcionamiento unos pocos minutos, medida básica de seguridad. Simplemente eso, pero eso iba en contra de los ritmos laborales de los que Asier nos hablaba», según denunciaron. Recordaron, asimismo, que de tres informes realizados sobre el accidente, sólo uno enumera las precarias condiciones en las que Asier se encontraba reparando la máquina, así como las deficientes medidas de seguridad. Es el realizado por técnicos de Osalan, «que se despalzaron al lugar y que contrastaron la información, investigando y hablando con testigos», tal y como precisaron.

Nagore Irazabal, visiblemente afectada, reconoció que «nuestros sentimientos son, sobre todo, de dolor, de frialdad y de falta de humanidad por parte de la empresa, y de impotencia y de total desamparo ante la justicia, que sólo tiene en cuenta una visión muy parcial e interesada del accidente».

A su juicio, «el aparato judicial sólo ha tendio en cuenta la idea básica del informe redactado por la empresa y copiado fielmente por la Oficina Territorial de Industria, una parte parcial de los hechos, la que más beneficia a la empresa, mientras hace caso omiso de lo que dicta el sentido común».

La sensación de desamparo no proviene sólo de la última resolución judicial, sino también de la actitud mantenida por empresa e instituciones.

La familia de Asier Irazabal indicó que trabajaba para Obras Subterráneas SA y que «tras el accidente delegó su representación en un bufete de abogados que intentó zanjar el tema de manera rápida y silenciosa». «Ese es todo nuestro contacto con la empresa», explicaron, al tiempo que indicaron que tampoco las adminsitraciones se pusieron «en ningún momento» en contacto con la familia, «a pesar de lo que dijeron en los medios de comunicación.