ELA y LAB comparecieron ayer ante los medios para valorar la intención del Gobierno de Lakua de crear el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, como un ente público de derecho privado a través de la disposición adicional segunda del proyecto de Ley de Presupuestos de 2010. Y la valoración no pudo ser más crítica con las intenciones del Ejecutivo autonómico y con la vía adoptada para llevarlas a cabo.

Karlos Martínez de Morentin (LAB) y Ramón Uriarte (ELA) opinaron que el formato propuesto por la consejería de Empleo y Asuntos Sociales «no es adecuada ni en el fondo ni en la forma» para la constitución de este organismo. En la forma, «porque aprovechan la Ley de Presupuestos» para hacer la propuesta, cuando la propia Oficina de Control Económico apunta a que no es ésa la fórmula que se debe seguir y valora que con ella lo único que se pretende es «evitar controles». «Creemos que no debe ser la ley de acompañamiento de los presupuestos donde se constituya este ente», afirmaron.

En cuanto al fondo, argumentaron que al constituirse como ente público de derecho privado «no garantiza los derechos de los usuarios ni de los trabajadores». Estimaron que no garantiza los derechos de los usuarios porque «lo que se hace es hurtar a la sociedad la posibilidad de supervisión, vía Parlamento, y sólo se puede supervisar vía Presupuesto» de forma que, opinaron, lo que hace es dejar la puerta abierta a «posibles pelotazos» que se puedan dar.

Respecto a los derechos de los trabajadores, desde ELA y LAB señalaron que todos los trabajadores de todos los servicios afectados por este proceso -Inem, Egailan y el propio Gobierno de Lakua- «deben tener cabida» en el nuevo organismo que se cree y que sus condiciones de trabajo «deben ser las condiciones ya reguladas en el convenio para los trabajadores de la administración general del País Vasco». Sin embargo, explicaron que «contituyéndolo como ente público de derecho privado esto no estaría garantizado».

Un foro de discusión

Los representantes de ELA y LAB criticaron también el «trato indecente» ofrecido a sindicatos y trabajadores desde la consejería de Empleo y Asuntos Sociales y por la propia consejera, Gemma Zabaleta, a la que reprocharon que haya negado toda información sobre las condiciones que van a tener los trabajadores que constituyan este organismo.

Asimismo, explicaron que lo que ambas centrales exigen es que se forme «un foro de discusión, una mesa» que aborde este tema, que en su opinión «no debe estar limitado a determinadas mesas en las que sólo participan algunos». A su juicio, «debería estar abierto a que todos los trabajadores, con toda su representación», tengan derecho a dar su opinión al respecto.

Cerca de 600 trabajadores son los que se ven afectados: 470 del Inem, más de 70 de Egailan y entre 20 y 30 del Gobierno.